martes, 20 de agosto de 2013

Reacciones de la prensa ante las evaluaciones de Calidad Educativa

La prensa no es un mero “medio” entre los hechos y las personas, tiene capacidad de “crear realidades” al sostiene intereses de algunos sectores. Muchas veces utiliza las Evaluaciones de Calidad Educativa para denostar el sistema educativo, con la finalidad de provocar su desfinanciamiento (En este caso defiende los intereses de los que no quieren hacer su aporte, las clases dominantes), pero siempre se maneja con una lógica ¿Cuáles son los principios de esta lógica?



A comienzos del mes de julio del año 2003 se dieron a conocer, también en Chile, los resultados de la Prueba PISA (Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes) administrada a alumnos de 15 años de 43 países. En el caso de Chile, los titulares de prensa que informaban sobre dichos resultados fueron lapidarios:

• “Chile obtiene bajo resultado en educación”
• “Estudio internacional muestra graves fallas en comprensión de lectura de escolares chilenos”
• “Preocupa mala nota de Chile en educación”
• “El nuevo analfabetismo”
• “Remezón por mala nota de Chile en la prueba educacional PISA”
• “Descalabro en rendimiento escolar: soluciones al «hoyo negro» en educación chilena”.

Sin excepción, entonces, la noticia recibió el tratamiento de un hecho dramático, adverso, calamitoso, catastrófico. Lo interesante es que la catástrofe, así entendida, viene anunciándose, con previsible regularidad, cada año, ya bien a propósito de las mediciones nacionales de la calidad educacional o de los exámenes internacionales en que Chile ha participado. Se trata, por tanto, desde el punto de vista periodístico, de una rutina que, a esta altura, se encuentra bien establecida.

A su turno, la lectura catastrofista da paso a un escenario donde, habitualmente, la prensa destaca tres “hechos”. Primero, que a nivel mundial Chile se hallaría ubicado en el furgón de cola de la educación; segundo, que existiría una grave crisis en la educación chilena; tercero, que ésta afectaría particularmente a la educación pública.

Así titulado y definido el escenario educativo nacional, la prensa se encarga a continuación -en los días siguientes a la publicación de la noticia- de interpretar las causas del mal diagnosticado.

En primer lugar, la prensa aprovecha la propia publicación de la noticia para incluir elementos interpretativos, ya sea en el párrafo que sigue al título o en el cuerpo de aquélla. Un buen ejemplo de subtítulo interpretativo es éste: “Especialistas dicen que es la hora de revertir las políticas aplicadas hasta ahora, enfatizando el trabajo en la sala de clases”. Un ejemplo llamativo de desarrollo interpretativo de la noticia en su cuerpo es el siguiente: “Por lo menos las autoridades reconocen que la educación chilena, junto a otras de América Latina, está en pésimas condiciones de competencia académica, lo que se ratifica con la prueba PISA. Para Chile, la situación es más patética debido a la triplicación de los recursos a partir de 1990, lo que hoy implica más del 7% del PIB para este sector social, en el cual el Estado coloca dos billones de pesos. Pero hay nulo avance en calidad en 12 años de esfuerzo gubernamental y 8 de reforma educacional”.

En segundo lugar, la prensa editorializa sobre los resultados y ofrece, por esta vía, su propio análisis de la situación. Por ejemplo, bajo el encabezamiento “Educación de nivel latinoamericano”, un diario de la capital señala: “La situación de nuestra economía y la solidez de la democracia chilena nos han llevado muchas veces a mirar con distancia a América Latina. Y aunque hay razones para sentir orgullo, éste, a veces, raya en la soberbia. El estudio PISA, reciente mente divulgado, nos devuelve bruscamente a la realidad. Él evalúa las habilidades lectoras de los estudiantes de 15 años en 43 países, cinco de ellos latinoamericanos. Chile tiene un logro que equivale a 410 puntos, esto es, 90 por debajo del promedio general del informe. Su rendimiento general, estadísticamente, no difiere del que alcanzan México, Argentina y Brasil; estos cuatro países superan a Perú, el quinto latinoamericano, que, a su vez, obtiene el rendimiento más deficiente de todos los países participantes”.

En tercer lugar, la prensa entrevista a expertos cuyas opiniones deben interpretar los negativos resultados. Regularmente, el Ministro de Educación es entrevistado para que reaccione frente a la noticia. Inevitablemente, su respuesta adopta la forma de una “reacción defensiva”, como cuando frente a los resultados del PISA la autoridad chilena expresa: “Entre los países desarrollados nos sacamos un 3; entre los países latinoamericanos, un 6”. Por su lado, los expertos tienden, ya a confirmar la construcción negativa de la noticia ofrecida por la prensa o, por el contrario, la suavizan y explican. En el primer caso, por ejemplo, se halla la experta que tras señalar “que en Chile la calidad de la educación no ha obtenido los resultados esperados”, luego agrega “que es posible concluir que medidas como la jornada escolar completa obligatoria, cambios curriculares, mejoramiento de las condiciones de los profesores y otros programas centralizados que han llevado a un gasto de más de 2 billones de pesos no están teniendo los resultados que se esperaban”. En el otro caso se halla el experto cuya opinión es que “falta poco para revertir los resultados de la prueba PISA”, argumentando que “la experiencia en 66 escuelas críticas en 2001 demostró que, cuando se aplican métodos adecuados de enseñanza, los resultados cambian rápidamente”.

En suma, el tratamiento periodístico de los resultados de las pruebas de logro escolar apenas alcanza a revelar que nos encontramos frente a un ámbito saturado de interpretaciones contradictorias, donde se enfrentan dialécticamente distintas visiones de la educación, de las políticas educacionales y de sus resultados. Tampoco dicho tratamiento se preocupa de transparentar que, en las interpretaciones ofrecidas, se conjugan elementos de realidad, preferencias ideológicas y las agendas de los diversos actores que acceden, por medio de la prensa, a la esfera pública. En fin, un ingenuo pacto implícito de objetivismo hace aparecer como que en realidad las cosas son como se presentan en la noticia o en las interpretaciones congregadas en torno a ésta.
La situación no es distinta en otras latitudes del mundo, con excepción de aquellos pocos países cuyos resultados en las pruebas internacionales son excepcionalmente altos y, por ende, aparecen habitualmente en los primeros lugares del ranking mundial.

Quizá de modo inevitable, entonces, la prensa, impulsada por su propia visión de mundo como sucesión de acontecimientos o eventos noticiables y su lógica adversaria, se vea llevada a producir un tratamiento simplista y sesgado de hechos complejos como son los resultados de las pruebas que miden el desempeño de los sistemas educacionales.

¿Cuáles son las reglas que determinan dicho tratamiento? Sin pretender un grado de exhaustividad, pueden señalarse al menos las siguientes tres reglas que, en conjunto, parecen explicar una alta proporción de los efectos anteriormente descritos.

1. La regla de la reducción llamativa. Todo acontecimiento complejo debe ser reducido a su mínima expresión y convertido en un signo de exclamación que capte el interés del lector. En el caso que nos preocupa, como han señalado Ferrer y Arregui: “sólo importa la posición relativa de logro en el escenario internacional y no la abundante información sobre factores sociales, escolares y personales asociados al rendimiento […] La prensa, particularmente, tiende a desconocer los aspectos más complejos y auténticamente informativos de los resultados y sólo destaca las posiciones en el ranking, a menudo con títulos dramáticos y escandalosos”. No sólo los titulares de la noticia, sino su tratamiento completo, se subordinan a esta regla. Conforme a ella, el valor comunicacional de la noticia debe encontrarse en los síntomas del hecho reportado; no en sus causas, declaradas siempre “demasiado intrincadas” como para ser incluidas o como para despertar el interés del público.

2. La regla de la descontextualización facilitadora. Cualquier hecho social, para que se lo pueda tratar como noticia, debe ser arrancado de la enmarañada red dentro del cual se produce. Luego, no sólo se reducen los resultados a meras posiciones de ranking sino que, simultáneamente, se los aísla, cortándolos de los factores de contexto que los generan y que, por lo mismo, deben ser parte de su explicación. En efecto, para partir por lo más simple, no da lo mismo comparar países con distinto nivel de desarrollo; digamos, Finlandia, con un ingreso per capita de 24 mil dólares, y Chile, con uno de 4,6 mil dólares. Para la educación este es un antecedente fundamental. Así, por ejemplo, un 60% de la variación de los puntajes promedio obtenidos por los países participantes en PISA se puede predecir a partir de su ingreso por habitante. Asimismo, debe considerarse el grado de desigualdad existente en cada una de las sociedades. Las diferencias socio-familiares entre hogares son, efectivamente, el mayor obstáculo para una educación con resultados homogéneos de calidad. Como señala el propio informe PISA, un entorno socio-familiar desfavorable “parece ser uno de los factores más poderosos que influyen en el desempeño de las escalas de aptitudes para la lectura, matemática y ciencias”. Los niveles de desigualdad medidos por el Coeficiente de Gini explican un 26% de la variación en el desempeño promedio de los países. En seguida debe considerarse el gasto por alumno en que incurren los países, que es un reflejo de su nivel de desarrollo. Efectivamente, el gasto educacional acumulado hasta los 15 años explica un 54% de la variación entre países medida en su desempeño medio. En América Latina, el gasto así medido apenas alcanza a un tercio o menos del gasto promedio de los países de la OECD.

3. La regla de la homogeneidad cultural. Los resultados de una actividad social cualquiera serían independientes de la cultura en que se producen. En otras palabras: ¡la cultura no importa! En este caso específico, como bien señalan Ferrer y Arregui en el artículo antes citado, la prensa -al efectuar sus análisis e interpretaciones-, no considera “las grandes diferencias culturales entre los alumnos de diferentes países”; ni al interior de una misma sociedad, según estratos socioculturales (que un reciente estudio afirma explicarían alrededor de un 50% de la varianza en los resultados escolares que se manifiesta entre escuelas en Chile), ni entre sociedades con diferentes tradiciones y constelaciones culturales, como pueden ser las culturas de los países del sudeste asiático, de los países nórdico-europeos o de Europa Central y del Este. Contrariamente pues a todo lo que sostienen las ciencias sociales contemporáneas -esto es, de que la cultura sí importa-, paradojalmente en el ámbito de la educación y el aprendizaje, donde más se podría esperar que ella incida, su influencia es borrada de un plumazo, para dar paso a una suerte de universalidad global y abstracta de los efectos y los procesos escolares.

Bajo estas reglas, no debiera llamar la atención que la prensa produzca el tipo de noticias e interpretaciones sobre resultados escolares caracterizado al inicio de esta presentación, sobre todo en el caso de pruebas internacionales. Tales noticias e interpretaciones tenderán por necesidad a ser descontextualizadas, a reducir por tanto el peso de la sociedad y sus desigualdades; a apuntar sólo a los síntomas, reduciendo la complejidad del logro escolar a una tabla de ganadores y perdedores, en una aritmética social de escaso valor; y a presentar la carrera de rendimientos entre los alumnos del mundo (aunque nunca el universo real de comparación incluya a más de un 20% de los países y territorios del mundo) como si dicha competencia se llevara a cabo sobre una tabla rasa, donde todos compiten en igualdad de condiciones y sin que intervengan factores socioeconómicos y culturales de ninguna especie.



Extraído de:
Límites de la lectura periodística de resultados educacionales
José Joaquín Brunner
En: Evaluar las evaluaciones
Una mirada política acerca de las evaluaciones de Calidad Educativa
IIPE UNESCO

sábado, 10 de agosto de 2013

La evaluación de Calidad Educativa como fetiche

Las Evaluaciones de Calidad Educativa han adquirido cierto nivel de publicación en los medios, que excede lo esperable en su ámbito natural. Muchas veces son utilizados por los medios, con fines que no son los de mejorar la Calidad ¿Se han convertido en un objeto de adoración? ¿Pueden llegar a convertirse en un fin en si mismas?


La evaluación educativa se convirtió en un método insuficiente, exagerado, fetichista y formalista. Pero a la vez es una herramienta utilísima para gobernantes y ciudadanos, y no hay por qué arrojarla al rincón de los trastos inservibles. Puede seguir. Debe seguir. ¿O acaso la política prescindirá, por ejemplo, de las encuestas de intención de voto, a pesar de que registren solamente fotos de lo que pasa y su instantaneidad no tenga la riqueza de una película?

La evaluación incomoda a los ministros de Educación porque se convirtió en una trampa de la cual ellos son las víctimas. Primero la sobredimensionaron y ahora no saben cómo escaparse. Y no importa si las cosas van mal o bien. La evaluación, para los ministros, representa la fatalidad de que las cosas aparecen públicamente mal aunque vayan bien. Más aún: como los ciudadanos carecen de instrumentos científicos de medición sobre la calidad de la educación -otros, claro, además de su relación concreta y familiar con el sistema educativo-, terminan esperando el momento de la difusión de resultados con una ansiedad que en realidad no experimentan realmente.

Un ejemplo son las famosas listas de los colegios mejor evaluados. Una vez por año se publican y entonces se pone en marcha el circuito informativo de los medios de comunicación.

• Los diarios informan sobre la lista.
• A la mañana siguiente, un programa de radio llama a la directora para preguntarle por qué en un pueblo perdido del interior argentino, sin recursos económicos ni asistencia pedagógica, ella y su comunidad educativa consiguieron el milagro.
• Por la tarde viaja el equipo de un canal de televisión. Esta vez la nota son los alumnos. ¿Qué tendrán ellos de raros, pobrecitos?
• Y a la noche todo terminó. El circuito devoró su alimento y sólo habrá que esperar a que el apetito vuelva a abrirse, seguramente con informaciones que no provienen de la educación.

A veces, la evaluación se refiere a la calidad de los docentes. O a cómo son los maestros cuando no se exponen en clase: qué leen, cómo viven, qué comen, cuánto ganan, qué valores sustentan, hasta qué punto superaron la discriminación, cómo están formados, qué sentido tienen la patria y la democracia para los encargados de formar a los chicos en la educación sistemática. En este caso, el circuito será distinto, porque además de la información juega con fuerza la relación entre los docentes como colectivo gremial y el Estado como patrón empleador. El circuito anterior quedará “contaminado” por una doble sensación. Los docentes dirán que la evaluación no es intelectualmente honesta porque el fin del Estado-patrón es el recorte de derechos adquiridos. El Estado argumentará que los docentes como colectivo de empleados están haciendo una utilización gremial de resultados que sólo tenían como fin saber el estado real de la educación en un determinado momento.

Si la evaluación queda limitada al primer circuito o a constituirse en un elemento más de la puja entre los maestros y el gobierno pero todos tienen conciencia de que ahí no se acaba el mundo, no habrá problema alguno. Sin dramas extraordinarios, el show continuará, porque siempre debe seguir.

El ruido se produce cuando la evaluación cumple su papel de profecía autocumplida y asciende en el ranking de la agenda pública hasta parangonarse con la mismísima política educativa.

Esa es la fetichización tan temida. La imagen termina reemplazando al objeto y ya nadie puede saber de qué se habla cuando las cosas no eran tan difíciles.

¿Por qué la evaluación es un producto de consumo tan digerible para los medios? Muy sencillo. Hay tres razones que tienen que ver con la mañana del periodismo y con la tensión natural entre periodismo y poder político.

Razón número uno: la evaluación permite ver cómo el gobierno se mide a sí mismo.
Número dos: si hay fracaso evidente, permite fastidiar al gobierno con un arma creada por la propia administración del Estado.
Número tres: si el fracaso no es evidente, es posible interpretarlo como tal.

Pero también hay razones que no tienen que ver con las mañas y la picardía. Razones que dan la pauta de posibles alternativas al sobredimensionamiento de la evaluación educativa.
Razón número uno: las listas de colegios corporizan la educación en instituciones de carne y hueso.
Número dos: acercan la educación a la verdad de cómo es percibida, es decir, como un elemento central de la vida cotidiana.
 Número tres: ofrecen una variante a la cobertura educativa tradicional del periodismo, a menudo atada a los problemas presupuestarios, el pago de los docentes y la permanencia o no del ministro de turno.
Número cuatro: brindan historias, individuales y colectivas, sugieren rarezas, plantean misterios e incógnitas.

El riesgo de la evaluación como fetiche es que, lo mismo que sucedió con la economía, termine vaciando la política. Que sea un sucedáneo educativo de los fundamentals económicos y quede cristalizada como una ideología vacía que funciona como espejo deformado de la realidad.

¿Quién podría negar la utilidad de evaluar los números macro de la economía? Incluso antes de Maastricht, pero sobre todo desde el tratado de Maastricht de 1991, por el que Europa se autoimpuso una serie de exigencias económicas, el análisis económico tiene en cuenta, entre otras variables, la relación entre deuda y producto bruto interno, tasa de inflación y déficit fiscal. Pero a partir de ese punto el problema es doble.

Por un lado, la descripción suele terminar en una forma de prescripción.
Por otro, esa descripción es forzosamente limitada. Un ejemplo es el déficit fiscal argentino. En diferentes momentos de los últimos años la Argentina hubiera podido ser miembro de la Unión Europea. Pero la Argentina no queda en Europa, y además los organismos multilaterales de crédito cuestionaron los grandes números a causa del déficit fiscal, que el economista Salvador Treber calcula a moneda constante, tomado a pesos del 2001, con una media anual de 66.657 millones de pesos para el período 1998-2000.

La cifra sola no dice nada. No tiene en cuenta, por ejemplo, el endeudamiento externo, fruto a su vez de la entrada de capitales en su mayoría especulativos, atraídos con altas tasas de interés y transformados muy pronto en una impagable deuda en dólares. Una visión más profunda, como la del ex vicepresidente del Banco Mundial Joseph Stiglitz, indica que los fundamentals entendidos con esa limitación no permiten comprender la realidad. En el caso argentino, según Stiglitz resulta imposible comprender el déficit fiscal sin tener en cuenta que el bache no se debe tanto al gasto público como a la privatización repentina y sin salvaguardias del sistema de jubilación de reparto o público. La discusión, naturalmente, excede el plano académico. Dado el origen distinto del déficit, una cosa es diagramar políticas pensando que el único problema es el gasto provincial, y otra diseñarlas teniendo en cuenta la inconveniente relación, que en la Argentina llega hasta la identidad absoluta, entre bancos y administradoras de fondos de pensión.

Al margen de este hecho, el rubro “Remuneraciones” se mantuvo en un 33 por ciento, mientras que el rubro “Intereses de la deuda” pasaba del 12 al 16 por ciento.
O sea: el número permite sólo sobrevolar la realidad y compararla en grueso. Es como un juego. Inútil, como todo juego, además, pero sin una pizca de lúdico. El análisis más profundo, en cambio, tiene la desgracia de los matices, que suelen ser engorrosos, pero la utilidad de la sintonía fina.

La educación es, por definición, un fenómeno de largo plazo. Es imposible mejorarla de un día para otro. Por fortuna, claro, también es imposible empeorarla de un día para otro. La evaluación de la calidad educativa, pero sobre todo su difusión, su conversión en instrumento público, se encuentran con ese dato inamovible de la realidad, pero a la vez están tironeadas por la urgencia fabricada en los últimos años en todo el mundo.

Ante este panorama negro, ¿la evaluación difundida igual que en los últimos años tiene alguna utilidad? Es evidente que sí. Resulta interesante tomar, en el caso argentino, no los resultados de la evaluación sino los títulos de las coberturas de prensa para ver qué datos se convirtieron en historia o en noticia y llegaron así a los ciudadanos.

• Los adolescentes tienen más dificultad para leer un texto periodístico que uno literario. Por ejemplo, no saben distinguir la argumentación de la noticia y carecen de los recursos para interrogar al texto.
• Los colegios más caros no son los primeros en el ranking de Lengua y Matemática.
• Entre los primeros hay más privados que estatales.
• El nivel socioeconómico de los alumnos es determinante tanto en Matemática como en Lengua. A nivel nacional, los hijos de padres con educación secundaria o terciaria obtuvieron en 2001 un 69 por ciento de respuestas correctas, mientras que los hijos de padres con escolarización primaria llegaron al 51 por ciento. A nivel de la Capital Federal, las cifras un dan 74,5 contra un 56,6 por ciento.
• Aun así, la escuela no reproduce exactamente ni en términos regionales ni en términos sociales la cristalización de la Argentina en una sociedad cada vez menos plebeya. La diferencia promedio en 2001 llegaba al 14 por ciento, en una sociedad más polarizada que lo que esa cifra puede indicar, como lo revela la existencia, en ese momento, de más de un 40 por ciento de pobres dentro del total de población. El secretario de Educación de la ciudad de Buenos Aires lo resumió así: “Entre un pobre que se recibió de abogado y un rico que también se recibió hay menos diferencia que entre un pobre que dejó de estudiar y un rico que estudió”. Conviene recordar que en 2001, a diferencia de años anteriores, el Ministerio de Educación no puso el énfasis en los rankings de escuelas sino en los factores sociales que inciden en la calidad educativa. En palabras del subsecretario de Educación de ese entonces, Gustavo Iaies, “lo importante es que las escuelas sepan cuáles son los factores que más inciden en la obtención de buenos resultados para que los pongan en marcha”.

• A veces, también, la evaluación educativa fue interpretada por algunos medios como si los editores fueran controladores de un organismo de crédito y surgieron títulos como “La escuela no cumple con los objetivos mínimos”.
• En la Capital Federal, nuevamente, el 88 por ciento de los chicos que llegan a tercer año terminan la secundaria.
• Los alumnos rinden mejor en Matemática que en Lengua.
• La Argentina no está peor que el resto de América latina, pero América latina está al final del pelotón mundial.
• Es ilustrativo ver cómo interpretan los directivos de los colegios los resultados de cada evaluación:
• Se quejan de los sueldos docentes.
• Explican que los sueldos bajos influyen sobre la concentración, que resulta insuficiente, porque genera lo que en la Argentina se conocía como “profesor-taxi”, aunque obviamente se trata de un nombre-paradoja.
• Los directivos de escuelas públicas envidian a sus colegas de las privadas porque suponen que el pago a los docentes es sensiblemente superior.

En otras ocasiones, el reflejo periodístico de las evaluaciones apunta a lo particular particularísimo. Al caso. A la historia. Al costado humano.

Con la evaluación de 1998 en la Argentina proliferaron los artículos de admiración por los resultados de las escuelas del interior del país. La mejor primaria pública fue la escuela número 49 de Dorila, en La Pampa, en la zona centro-sur del país. Los alumnos del pueblo de 244 habitantes habían alcanzado un promedio de 91,43 puntos en Lengua y Matemática. Una profesora explicó los resultados notables por el trabajo personalizado: no había más de 16 chicos por aula. La directora contó que todos los días un ómnibus recorre 205 kilómetros para traer y llevar a 25 chicos que viven en los campos de los alrededores. También dijo que no había deserción porque cuando un chico faltaba las maestras iban hasta la casa a preguntar qué estaba ocurriendo en la familia.

También en 1998, la mejor escuela secundaria fue una técnica de San Nicolás, en el cinturón industrial que une Buenos Aires con Rosario, al norte de la Capital Federal. Los diarios reflejaron que los alumnos, en su mayoría de barrios periféricos, triunfaron en las pruebas, según el director, por su trabajo y por el empeño de los docentes.

Es fácil imaginar el reparo ante estos casos. ¿No se está, acaso, en presencia de algo en principio tan poco científico como el ejemplo? ¿La rareza, insumo básico de cualquier trabajo periodístico, no oculta la regularidad, objetivo máximo de una medición imparcial y objetiva? ¿No existe el riesgo de que las peculiaridades tapen una visión más profunda sobre la educación?

Naturalmente, los peligros están al alcance de la mano. Pero conviene apuntar que son los mismos de cualquier evaluación, e incluso de cualquier descripción de la realidad. En buena medida por razones ideológicas, la caída del Muro de Berlín y el famoso final de los grandes relatos supuso, para muchos científicos sociales, la desconfianza estructural hacia todo tipo de análisis cualitativo y una absolutización del valor de lo cuantitativo, lo internacionalmente comparable a través de índices, otra vez los grandes números.

Para que quede claro: no es que lo cuantitativo sea “de derecha” y lo cualitativo “de izquierda”. Es que, por un momento, el sacudón del mundo fue interpretado por muchos intelectuales como un modo de finalización de la política. Si para el viejo comunismo el final de la política llegaría con la desaparición del Estado y la extinción de la sociedad clasista, para el enfoque inverso la desaparición de ese horizonte casi providencialista equivalía al vaciamiento de toda discusión de fondo, a la renuncia por anticipado a todo análisis que no se apoyara en un índice.

Para que quede claro también esto: sería tonto, inútil y fetichista al revés despreciar la cuantificación de metas y resultados. Sonaría a un antiintelectualismo que remata siempre en una política de primates, emparentada finalmente con el poder en estado puro y descarnado y una visión pragmática de las cosas en el peor sentido de la palabra, el del utilitarismo sin objetivos sociales ni planes desplegados desde el Estado.

Lejos de cualquier maniqueísmo, los ejemplos anteriores muestran que las evaluaciones educativas sirvieron para acercar elementos del debate educativo, de los especialistas, a los ciudadanos. Sin embargo, quien dice acercar no dice profundizar ni continuar. Ni el Estado, ni los planificadores educativos, ni los medios, ni los periodistas especializados aprovecharon esa formidable cantera de temas para seguir una discusión pública apasionante. Es posible, por ejemplo, que el éxito pampeano sea una rareza. Pero, ¿lo es también el debate sobre la proximidad entre docentes y alumnos? Y con el caso de San Nicolás, ¿no se discute también en público, con absoluta transparencia y sencillez, que no hay éxito posible sin una comunidad educativa fuerte, motivada y con mística? Es verdad, como se vio, que los diarios titularon muchas veces con un tono que disgustaba al gobierno por los buenos motivos (la superficialidad después de un trabajo tan serio como la evaluación) y también por los malos (a los funcionarios suele disgustarles la crítica). Pero, nuevamente, en cada artículo del ramo de los interesantes había material para el seguimiento y el debate. En el caso argentino, quizás la discusión pública sobre la educación sea pobre y poco específica, pero tal vez haya aportado su cuota de información y polémica al debate general sobre la pobreza, la exclusión y la desigualdad que forman parte de la agenda pública central del país.

¿Y los docentes? El reflejo de los maestros en los medios acostumbra ser simpático y cariñoso. Son, por ejemplo, el único gremio capaz de resolver huelgas con gran frecuencia y ser “perdonados” por la sociedad. Pero la evaluación es una pelea permanente que los medios reflejan marcando la desconfianza mutua entre el Estado y los docentes. Reflejan otra cosa también: que no hay acuerdo, acercamiento y discusión pública intelectualmente honesta entre los dos sectores. Los docentes desconfían de las evaluaciones oficiales y aun de las públicas no estatales. Y el Estado recela de lo que califica como falta de colaboración de los maestros.

En la Argentina tuvo mucho impacto una encuesta encargada por el gremio docente. Demostraba, entre otras cosas, estas cosas:
• El 40 por ciento de las maestras es jefe de hogar y tiene a su cargo entre dos y cinco personas.
• El 88 por ciento de los docentes trabaja en escuelas sin gimnasio.
• El 41 por ciento se desempeña en establecimientos sin biblioteca.
• El 18 por ciento de los maestros trabaja en escuelas con más de mil alumnos.
• El 90 por ciento de las escuelas no tienen servidor de Internet ni e mail.
• La mitad de los docentes está por debajo de la línea de pobreza.

Pero, a la vez, la encuesta fue reacia a descubrir y describir el mundo de los valores de los maestros, en rigor no muy distintos del mundo de valores del resto de la sociedad y por lo tanto no siempre noble, altruista y modélico para los alumnos.

Si la evaluación se convierte en una trampa, si al final parece que no midiera nada útil, si sólo genera problemas con los docentes y a primera vista no es útil para intensificar la discusión educativa dentro de la agenda pública, ¿no convendrá suprimirla?
Una tentación a mano de los funcionarios del Estado es que la evaluación sea secreta.

No estoy de acuerdo por razones de principio y por motivos prácticos. Razones de principio: en una democracia moderna, y armas atómicas al margen, no hay secreto válido que obture la transparencia. Motivos prácticos: si es difícil conservar un secreto cuando el protagonista es una sola persona, es imposible mantenerlo si ya son como mínimo dos. Los seres humanos no suelen comportarse como conspiradores, y aun si lo lograsen no sería conveniente encarar la evaluación educativa como una tarea de topos dignos de John Le Carré.

La otra tentación es que la evaluación no sea secreta pero que, a la vez, no dependa de la difusión activa por parte de las autoridades oficiales. Mi opinión es que también éste es un atajo sin sentido. La evaluación ya es una herramienta aceptada por la sociedad, que la espera. Tal vez la espere con una ansiedad desproporcionada, pero así es la vida. Quitarla ahora de la difusión habitual equivaldría a instalar una sospecha: por algo se oculta hoy lo que antes era público.

No quiero entrar en cómo el Estado evalúa la educación. No es mi especialidad. Pero desde un punto de vista más general -social, político, incluso de comunicación entre gobernantes y ciudadanos- parece claro que si la intención es contar con un Estado fuerte que opere activamente para reducir la desigualdad, la comunicación no puede limitarse a la administración de índices. Más allá de la evaluación, y sin sugerir de ningún modo la manipulación de los datos o su tergiversación, es evidente que el Estado puede orientar el debate educativo. Igual que en periodismo, al Estado debe exigírsele la mayor objetividad posible respecto de los datos y la descripción de la realidad. Pero, más aún que en periodismo, no hay gobierno sin encarnar en objetivos políticos y de liderazgo social las políticas públicas de la educación. Los datos son los datos: sagrados.

Sería deseable, en mi opinión, que las conclusiones reflejaran cada vez más la intención de recoger el consenso social sobre educación y de alimentar ese consenso con nuevos temas, nuevas provocaciones, nuevos debates, nuevos objetivos.

Se dirá que no hay garantías de que el periodismo acompañe. Que incluso las mejores intenciones oficiales chocan con la ignorancia, los intereses creados y la indiferencia de los medios. Pero, otra vez, así es la vida. Ninguna iniciativa política tiene asegurada su repercusión, aunque al mismo tiempo conviene recordar que el impacto siempre es mayor cuando el Estado informa de una manera honesta, interesante, motivadora y poco burocrática. Y, del mismo modo que ocurre con la libertad de expresión, no se trata sobre todo de la libertad para informar sino de la respuesta al derecho de los ciudadanos a saber. Ese derecho determina que informar sea, entonces, no una facultad sino un deber social, equivalente a un servicio público.

Tengo algunas conclusiones provisorias:
Una, que la evaluación no es la panacea, como no lo es ninguna herramienta puramente cuantitativa.
La segunda, que si no es la fórmula de la felicidad universal no debe ser presentada como tal.
La tercera, que el Estado no debe suprimirla.
La cuarta, que nada reemplaza al ejercicio de la política. La quinta, que la política sigue incluyendo la instalación de temas, de conclusiones, de valoraciones, válidos en tanto no surjan de la manipulación de los datos sino de su interpretación transparente y honrada.
La sexta, que así como no hay periodismo sin convertir la información en tema no hay evaluación bien comunicada y socialmente útil sin transformar el dato en eje de debate público.
La séptima, que el futuro de la evaluación como herramienta política está ligado a la participación de los docentes. Participación difícil y en apariencia imposible, pero insustituible.
La octava, que la sociedad, con una visión en este tema más cualitativa y sabia, no espera la evaluación de cada año para tomar posición frente a la realidad educativa.
La novena, que reproducir a escala internacional la lógica de los grandes números es vaciar la política como herramienta de ciudadanía y transformación de los habitantes en sujetos.
La décima, que siempre habrá tensión entre el Estado y los docentes, y entre el Estado y los medios. Por eso, diseñar políticas o actuar como si esa tensión pudiera suprimirse sólo llevará a la creación de nuevos dogmas y nuevos ámbitos de rigidez. Una parte de la política es la imprevisibilidad, la contingencia, el azar, la pelea, el conflicto, el acuerdo, el consenso y el juego de las veleidades. Pensar que en sociedades culturalmente ricas y complejas como las nuestras toda realidad, toda evaluación y todo proceso comunicativo es controlable del principio al fin suena a una ilusión de chicos.


Extraído de:
La evaluación como fetiche
Martín Granovsky
En: Evaluar las evaluaciones
Una mirada política acerca de las evaluaciones de Calidad Educativa
IIPE UNESCO
En la sección “Biblioteca” hay un link hacia el PDF completo

domingo, 28 de julio de 2013

El desarrollo de políticas nacionales de evaluación


En estas épocas de cambios ¿Qué aspectos de la realidad educativa sufrieron modificaciones? Particularmente ¿Qué sucedió en el ámbito de la Evaluación Educativa? ¿Cuál es la experiencia en Latinoamérica?


Los años ‘90 se caracterizaron por la puesta en marcha y el desarrollo de un buen número de reformas educativas en los países latinoamericanos. Una vez superada la desconfianza hacia la educación que caracterizó a los años ‘70 y ‘80, los gobiernos de la región se lanzaron a una intensa actividad reformadora, que se dejó sentir en muchos países y que abarcó diversas esferas de la realidad educativa.

Las reformas emprendidas en esos años persiguieron varios objetivos, entre los que cabe destacar la extensión de la escolarización (especialmente en la enseñanza secundaria), la mejora de la calidad de la educación impartida y el aumento de la equidad en la distribución de los servicios educativos. Aunque no sea éste el lugar para hacer un balance de la década, no cabe duda de que los objetivos previstos se alcanzaron de manera muy desigual, consiguiéndose algunos logros destacables en el primer sentido de los mencionados, pero logrando resultados mucho más modestos en los otros dos. La situación es tal que un reciente informe internacional sobre el estado de la educación en los países de América Latina adoptaba como título el lema Quedándonos atrás, expresando de ese modo las carencias que aún aquejan a los sistemas educativos de la región (Comisión Internacional sobre Educación, Equidad y Competitividad Económica en América Latina y el Caribe, 2001).

El desarrollo de políticas nacionales de evaluación
Las reformas de los años ‘90 afectaron a diversos aspectos de la realidad educativa, que conviene detallar. Entre las orientaciones adoptadas por dichos procesos de reforma, y aun sin ánimo de exhaustividad, pueden distinguirse varias líneas de actuación que, si bien no se dieron siempre de manera simultánea, estuvieron presentes de uno u otro modo en las diversas iniciativas nacionales:

• Un primer aspecto en que se avanzó considerablemente, aunque no sin problemas, fue en la redistribución de las competencias y responsabilidades en materia de educación, lo que supuso la puesta en marcha de políticas de descentralización y de autonomía escolar, acompañadas en ocasiones de procesos de privatización, cuyos efectos fueron ambivalentes.

• Una segunda orientación de las reformas, especialmente influyente en muchos países de la región, consistió en la introducción de cambios en la organización curricular, que llevaron generalmente aparejada una revisión de los planteamientos fundamentales en que se inspira la definición y la construcción del currículo.

• Un tercer dominio de acción de las reformas tuvo que ver con los procesos de formación inicial y capacitación del profesorado, considerado habitualmente pieza clave de las reformas, pero no siempre tan atendido como debiera en su papel de agente transformador.

• Un cuarto ámbito de reforma estuvo concretamente relacionado con la educación secundaria o media, que se ha convertido en la pieza clave y más conflictiva de los sistemas educativos y cuya expansión se ha ido también produciendo en América Latina en las últimas décadas.

• Por fin, una última orientación tuvo que ver con el desarrollo de mecanismos y modelos de evaluación; dicho de otro modo, con la consideración de la evaluación, como un poderoso instrumento al servicio de la gestión de la educación y de la mejora de su calidad.

Esta última orientación de las reformas de los ‘90 cobra especial relevancia desde la perspectiva que se adopta en este trabajo, pues es precisamente el impacto de esos mecanismos de evaluación lo que está sometido a crítica y discusión. Por este motivo, merece la pena realizar un par de comentarios adicionales sobre sus rasgos más significativos.

Una primera observación que cabe destacar desde este punto de vista es que la mayoría de los países de la región pusieron en marcha sus propios sistemas nacionales de evaluación a lo largo de los años ‘90, generalmente en el marco de procesos más amplios de reforma educativa. Con configuraciones institucionales muy diferentes entre sí y con ámbitos de actuación diversos, fueron varios los gobiernos que se sumaron a la experiencia pionera que otros países como Chile venían desarrollando ya con anterioridad. Argentina, México, Colombia, Bolivia o Brasil, por no citar sino algunos casos destacados, dieron pasos decididos en esa dirección, de manera que al final de la década eran mayoría los países latinoamericanos que contaban con algún tipo de sistema nacional de evaluación.

Sin embargo, el indudable interés por la evaluación de la educación que se despertó en muchos países no marchó asociado sino mucho más tardíamente con un interés paralelo por participar en estudios comparativos internacionales de evaluación del rendimiento educativo. Aparte de la valiosa experiencia regional del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, en el que participaron un total de trece países de América Latina y el Caribe, los estudios promovidos por organizaciones tan reconocidas como la IEA o la OCDE no han alcanzado todavía en la actualidad cotas altas de participación. Durante los años ‘90, fueron más bien los programas de cooperación orientados hacia el reforzamiento de los sistemas nacionales de evaluación, como el impulsado en esa dirección por la OEI, los que lograron una participación más amplia.

Así pues, y hablando siempre en términos generales, la situación de la evaluación educativa en la región latinoamericana se caracteriza hasta el momento por la existencia de un contraste llamativo entre el desarrollo de ambiciosos programas nacionales de evaluación y una limitada participación en estudios comparativos internacionales. El desarrollo de esos programas nacionales está basado en la puesta en marcha de un buen número de instituciones y agencias de evaluación, cuya experiencia comienza ya a ser importante.



Extraído de
¿Qué pretendemos evaluar, qué evaluamos y qué conclusiones podemos extraer de la evaluación?
Alejandro Tiana Ferrer
En: Evaluar las evaluaciones
Una mirada política acerca de las evaluaciones de Calidad Educativa
IIPE UNESCO
En la sección “Biblioteca” hay un link hacia el PDF completo

jueves, 18 de julio de 2013

Una visión política sobre las Evaluaciones de Calidad Educativa

¿Qué función cumple la Evaluación en la escuela? Es un instrumento, mediante el cual se ejecuta la selección. Mediante ella, queda legitimado el proceso de estratificación social. Esto mismo puede pensarse para las Evaluaciones de Calidad Educativa, y es necesario entonces “evaluar las evaluaciones”, y como tiene consecuencias políticas, hay que hacerlo desde este punto de vista, centrándonos en una pregunta ¿Evaluamos para mejorar la calidad y equidad del sistema? 
 


“En una escuela que tensiona por la equidad, la evaluación, como dispositivo diferenciador, hace ruido en algún lugar”. Estas palabras de Javier Bonilla, Director Ejecutivo del CODICEN – Uruguay, se suman y permiten observar el tono de un debate. La idea de buscar esos “ruidos” o esos “costos” y compararlos con los beneficios se empieza a transformar en un eje de la discusión acerca de las evaluaciones. Parecen estar más claros los costos que los beneficios, y eso lleva a una revisión crítica; la idea es que las evaluaciones de la calidad empiezan a verse sometidas, ellas mismas, a un proceso de evaluación.

Estas políticas aparecieron como una de las innovaciones principales de las reformas implementadas en la década de los años ‘90. Y, paradójicamente, los propios tomadores de decisiones sienten que son estos dispositivos los que han puesto en “jaque” a las reformas. Han expuesto a la política educativa, la han sometido a la opinión pública y, en ese campo, las decisiones y el debate abandonaron la exclusividad del mundo educativo. Desde ese punto de vista, la capacidad de dar respuestas, de analizar datos y de producir cambios, se encuentra muy condicionada.

La centralidad que las evaluaciones de la calidad han asumido en la mirada que la sociedad tiene sobre la educación las vuelve un aspecto que merece ser analizado con mayor cuidado. Han dejado de ser un objeto técnico-pedagógico para transformarse en uno de carácter político.

Más allá del consenso existente sobre su importancia y sobre las ventajas de su instalación, resulta fundamental volver a pensarlas, principalmente, desde sus dimensiones política, comunicacional, pedagógica y en el modo en que estos dispositivos interactúan con el conjunto de los actores educativos.

Se trata de proponerse una evaluación de las evaluaciones, a diez años de su instalación en los sistemas educativos de la región, y de revisar críticamente la experiencia.

Una visión política
Las evaluaciones se han vuelto un hecho político. Los gobiernos y sus políticas son analizados a partir de los resultados de la aplicación de estos dispositivos. El mundo de la educación ha creado un instrumento sobre el que parece haber perdido el monopolio del debate. En el momento en que las evaluaciones han llegado a los medios de comunicación masiva, han quedado de algún modo fuera del campo exclusivo de los gestores educativos o de los pedagogos. La comunidad educativa ha “bendecido” un indicador capaz de dar cuenta de la situación de la educación en materia de aprendizaje de los alumnos y en esos términos lo ha recibido la sociedad. Desde ese momento, se han vuelto un procedimiento de las políticas públicas en su conjunto, y eso implica la participación de otros actores. Las desigualdades sociales, la competitividad de los países, la eficiencia del gasto, entre otras variables, empiezan a incluir la información de los operativos de evaluación de la calidad para ser analizadas.

En ese contexto, el mundo educativo ha perdido el manejo exclusivo de la herramienta. Ya no se trata de un dispositivo que produce información para el debate educativo exclusivamente, ha dejado de ser un objeto de discusión técnica, el mundo político se ha apropiado de sus resultados y los ha incorporado a sus debates. En muchos casos, con análisis apresurados, poco apropiados e, incluso, revelando muchos de los errores cometidos o la necesidad de producir cambios.

¿Cómo recuperamos la posibilidad de pensar la herramienta? ¿Cómo volvemos a transformarla en un dispositivo capaz de brindarnos información para el mejoramiento de la calidad y la equidad? Tales parecen ser las preguntas de los tomadores de decisiones. Retomando las palabras de Martín Granovsky, en el Seminario: “Si no llenamos la evaluación con información y análisis, los resultados están sustituyendo a la política”.

Parece necesario recuperar el sentido. ¿Evaluamos para mejorar la equidad y calidad de nuestros sistemas educativos?, ¿lo hacemos para juzgar al sistema y acusarlo? Porque de acuerdo a las intenciones que tengamos, los instrumentos serán las propias políticas, no serán un instrumento sino un contenido. Los sistemas educativos dejarán de trabajar para mejorar la calidad y la equidad educativa y pasarán a trabajar para el mejoramiento de los resultados de las evaluaciones.

Los dispositivos y sus productos han tenido mayor impacto en la construcción del imaginario educativo de la sociedad, que en la transformación de las estrategias educativas. En el plano de lo simbólico vivimos, como expresó Juan Froemmel en el Seminario: “el síndrome del análisis melancólico, todos creen que nunca tuvo fiebre porque nunca se la midieron”; la sociedad no cuenta con registros históricos, con lo cual “se pelea” con los actuales. En este sentido, Ottone dijo en el Seminario: “Existe la idea de un pasado «glorioso», una escuela que convivía cotidianamente con la excelencia. Con ese pasado es imposible compararse porque ese era un mundo más feliz. No creo que la felicidad sea un efecto de las políticas públicas, la felicidad es compleja. Es muy complejo hacer políticas públicas contra ese síndrome de la nostalgia”. No existen registros históricos en la región que permitan comparaciones serias con el pasado, pero, de todos modos, el imaginario social los ha construido. Y resulta complejo relativizar esas ideas incorporando el dato de las tasas de escolarización o de la complejidad de los planteos curriculares o de la menor desigualdad, en algunos casos. Parece haber un dictamen que establece que la escuela actual es peor que la del pasado. Y ese dictamen parece asociarse a la calidad de nuestros gobernantes.

Las evaluaciones parecen haber sido funcionales a este síndrome, quizás, hasta lo hayan alimentado. Acaso hayan confirmado a la sociedad que ya no tendrá una escuela de excelencia como la que tuvo.

La sensación es que esos resultados han venido a confirmar el peso de ciertos condicionantes estructurales. Así lo indicó J. J. Brunner, en el Seminario: “Ningún indicador logra imponerse a los de los condicionantes sociales. En el mejor de los casos se podría llegar a equiparar el efecto del origen social. La escuela no puede compensar a la sociedad, el sentido común le ha ganado a las comprobaciones científicas”. Estas afirmaciones tienen un enorme peso en términos de la ejecución de políticas, es casi una justificación para disminuir las inversiones en educación y centrarlas en las políticas sociales. Podrían permitir razonamientos que justifiquen el hecho de que si los resultados educativos están condicionados por los sociales, no conviene invertir en políticas educativas, sino en aquellos programas sociales que garanticen las condiciones de educabilidad, dado que hasta que impactemos la situación social de los beneficiarios, no podremos mejorar sus resultados educativos.

El pesimismo pedagógico de final de década, la evidencia de que enormes inversiones y una importante apuesta política no han producido resultados significativos en materia de calidad, hace que este tipo de argumentos ganen espacio. La idea de que el sistema tiene muy baja permeabilidad a los cambios, que es muy difícil producir transformaciones cualitativas y que requieren gran cantidad de recursos, parece ser un obstáculo para volver a construir un clima favorable a la inversión educativa.

Al mismo tiempo, el análisis de los resultados de las evaluaciones internacionales muestra que los promedios de la región se componen de sectores acomodados de la sociedad que brindan a sus hijos una educación que puede ser ubicada dentro de los estándares internacionales, y otros cuya calidad se aleja cada día más de dichos estándares.

Esta evidencia anima a algunos sectores a preguntarse si es posible garantizar una educación de calidad para todos o si deberemos conformarnos con garantizársela a los grupos más dinámicos de la sociedad, aquellos que parecerían en condiciones de darle competitividad a las economías de sus países. Estos peligrosos razonamientos son algunos de los elementos que nos obligan a asumir un análisis más cuidadoso de los resultados de las pruebas. En ese sentido es que los mismos han trascendido el análisis del mundo pedagógico: no sólo tienen impacto sobre las políticas curriculares o de gestión institucionales, también pueden tenerlos sobre las políticas de empleo, de inversión industrial, etcétera.

¿De qué hablan los tomadores de decisiones cuando afirman que hay que apropiarse de las evaluaciones? El Presidente de la IEA, Alejandro Tiana, dijo: “Hay una cuestión de la complejidad de la evaluación que tiene una vertiente de conocimiento y otra de valoración. La vertiente política es la de la valoración y la ponderación”. Por su parte, Martha Lafuende expresó: “Creo que llega el momento de empezar a llamar a las cosas por su nombre, nos hemos propuesto evaluar calidad y estamos midiendo, no evaluando. Evaluar exige tener un patrón con qué compararse y ese patrón no está del todo claro”.
Aparece la idea de que se ha concebido una política como un hecho técnico y, después de una década, parece claro que es necesario revisar esa decisión, entender que esas decisiones técnicas deben dar cuenta de definiciones filosófico-políticas. Se construyeron indicadores que se definieron técnicamente, y que consideran casi con exclusividad las habilidades académicas. Nuestros índices no consideran el aumento de las tasas de escolarización, la capacidad del sistema para homogeneizar actores de una sociedad cada día más segmentada, dar cuenta de los nuevos públicos que la escuela ha sido capaz de albergar, de la capacidad de contener otras realidades sociales, etc. Y esas definiciones implican una toma de postura ideológica, utilizar unas variables y abandonar otras; lo cierto es que la experiencia de los ‘90 hace pensar más en una “no toma” de posición política, en el sentido de que los tomadores de decisiones no se posicionaron en ese punto.

Se ha construido un indicador de calidad que es puramente académico, se han considerado fundamentalmente los aciertos en Lengua y Matemáticas como indicadores de una buena educación. Pero no es que, en consecuencia, esa sea la demanda que se le formula a la escuela, no ha sido ese el único objetivo de las reformas. Y en el caso de que ese hubiera sido, tampoco se le garantizaron las condiciones de educabilidad mínimas para producir esos aprendizajes.

Se le ha pedido a la escuela que enseñe contenidos definidos, y se formularon evaluaciones acerca del grado de adquisición de los mismos por parte de los alumnos. Pero también se le demandó que les dé de comer a los niños y jóvenes, que controle su vacunación, que les haga los documentos de identidad, que presione a los padres para que eduquen a sus hijos como corresponde, etcétera. Y ni siquiera los sistemas educativos fueron capaces de liberarla del peso administrativo de las burocracias, no se han dictado normativas y regulaciones que faciliten la tarea, no se han generado programas de capacitación eficientes para sus docentes, de modo que pudieran enseñar dichos contenidos.

Y en ese sentido, la escuela ha quedado sola adelante de la sociedad; se la midió con un indicador de nivel académico similar al de otras regiones del planeta en las que la escuela cuenta con una cantidad de variables garantizadas. No se han construido indicadores capaces de dar cuenta del conjunto de las misiones y funciones que se le encomendaron al sistema educativo. Ni siquiera, que consideren el contexto en el que se le han pedido dichos resultados.

Las evaluaciones de la calidad han lanzado al sistema educativo a la discusión política y, por lo tanto, las consecuencias de dichas discusiones generan un fuerte impacto sobre la imagen de los gobiernos, sobre el campo de la política educativa y sobre el de la política en general.

No es posible enfrentar una discusión política con enfoques técnicos solamente. Quizás haya llegado la hora de asumir la discusión de sentido, la definición de objetivos de política y de someter las herramientas a esos principios. Quizás el problema resida en que, tal como dijimos previamente, se ha medido pero no evaluado, y medido determinadas variables y no otras. Y más allá de que los equipos políticos no hayan construido esas decisiones, las mismas han adquirido ese carácter.
Quizás la primera conclusión de este análisis sea que, más allá de la politización “de hecho” que sufrió el mundo de las evaluaciones, ha llegado el momento de que los tomadores de decisiones en materia de políticas educativas, los especialistas del campo y los equipos de los organismos multilaterales asuman que este es un debate de sentido, y que entrar al mismo por el “costado” técnico en lugar de hacerlo por el político es un error y nos conducirá a conclusiones falsas.



Extraído de:
Evaluar las evaluaciones
Gustavo Iaies
En: Evaluar las evaluaciones
Una mirada política acerca de las evaluaciones de Calidad Educativa
IIPE UNESCO
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lunes, 8 de julio de 2013

Una mirada a las pruebas de logros en Educación

Se ha verificado un notable desarrollo en los sistemas nacionales de evaluación educativa, y en ellos, una gran preocupación por las evaluaciones de logro de los alumnos ¿Cuáles son las insuficiencias de estas evaluaciones nacionales?  ¿Cuáles son los desafíos que se le presentan?


Los sistemas nacionales de evaluación que se han desarrollado en los países latinoamericanos desde los años ‘90 vienen prestando una atención especial a la medición de los logros conseguidos por los alumnos. Los instrumentos que se aplican con esa finalidad son las genéricamente denominadas pruebas nacionales, que merecen una mirada especial por la importancia que han llegado a adquirir.

Las pruebas nacionales presentan bastantes diferencias de unos países a otros, aunque también ofrecen algunas similitudes. Entre sus elementos comunes, quizás el más destacado sea la preocupación prácticamente universal que demuestran por evaluar el rendimiento alcanzado en Lenguaje y Matemáticas. No obstante, aunque se trata de dos áreas especialmente atendidas por los sistemas de evaluación, no hay que pensar que sean los únicos dominios evaluados. En efecto, la medición de los logros en ambas áreas suele ir acompañada por la evaluación de otras áreas curriculares complementarias (entre las que sobresalen las Ciencias, la Historia o las Lenguas extranjeras) o de otras capacidades de tipo transversal, no ligadas necesariamente a áreas específicas (como el autoconcepto, algunas estrategias de aprendizaje o ciertas actitudes).

Las pruebas nacionales suelen aplicarse preferentemente en los grados terminales de las principales etapas educativas (sobre todo, al final de la enseñanza primaria y de la secundaria). No obstante, también se aplican a veces en otros grados que tienen un especial interés desde el punto de vista diagnóstico (por ejemplo, el final de ciertos ciclos), aunque la identificación de tales puntos focales varíe de unos sistemas educativos a otros. El reciente desarrollo de algunos estudios internacionales ligados a la edad de los evaluados y no al grado que cursan, como es el caso del proyecto PISA de la OCDE, aún no ha encontrado traducción directa en los sistemas nacionales de evaluación latinoamericanos, ni es previsible que lo haga a corto plazo. El interés que despierta la valoración de los logros conseguidos al final de determinadas etapas supera hoy en la región al que suscita la valoración del nivel de formación a ciertas edades. La participación en aquellos proyectos internacionales parece satisfacer suficientemente las preguntas que puedan plantearse en este último sentido.

Dependiendo del propósito que guía a la evaluación, las pruebas se aplican en ocasiones a poblaciones o cohortes estudiantiles completas, mientras que en otros casos se limitan a muestras representativas de estudiantes. La primera decisión permite hacer un uso más singularizado de los datos obtenidos, tal como comparar el rendimiento de diversas escuelas o estudiantes, mientras que la segunda es más adecuada para usos diagnósticos. Por otra parte, hay países en que las pruebas se aplican cada año, aunque es más frecuente que se adopten ciclos plurianuales, de distinta duración.
Las pruebas nacionales parecen satisfacer ampliamente a las autoridades educativas, a la vista del uso tan extenso que se hace de ellas. No obstante, en un análisis más profundo también presentan insuficiencias y problemas, que requieren una consideración más atenta.

Tres son las principales insuficiencias de las pruebas nacionales de logros que han subrayado los especialistas. La primera consiste en la existencia de algunas debilidades técnicas en los procesos de desarrollo y validación de los instrumentos de medición. La segunda se refiere a la insuficiente calidad y capacidad que las pruebas ofrecen para evaluar aprendizajes complejos. La tercera tiene que ver con el insuficiente aprovechamiento que suele hacerse de la información obtenida.

Los problemas a los que se ha hecho alusión son de distinto tipo. Para comenzar, habría que señalar algunos relativos al diseño y confección de los instrumentos de evaluación:

• Un primer problema tiene que ver con el contenido de las pruebas, asunto que plantea dos tipos de dificultades. La primera se refiere a la relación que debe existir entre las pruebas y los objetivos educativos. Lo deseable es que las pruebas estén referidas a los objetivos establecidos en el sistema educativo, de manera que permitan valorar el grado en que se alcanzan las metas previstas. Aunque este planteamiento resulta lógico y plausible, plantea dificultades cuando no existen objetivos explícitos (lo que sucede en muchos casos), o cuando los objetivos de cada curso o etapa se formulan de manera poco concreta. Cuando no se pueden determinar los objetivos de forma precisa, resulta sin duda más difícil elaborar las pruebas. La segunda dificultad se refiere al tratamiento de la diversidad curricular existente entre diferentes regiones, distritos o escuelas. La mayoría de los modelos curriculares aplicados en América Latina conceden cierto grado de autonomía a las autoridades regionales o distritales o a las propias escuelas para definir el currículo. En consecuencia, no resulta sencillo hacer pruebas que abarquen todas las enseñanzas efectivamente impartidas en todo el sistema educativo. Las soluciones posibles son dos: elaborar pruebas de mínimos, lo que implica reducir el campo de evaluación, o elaborar pruebas comunes a partir de un consenso profesional o técnico. Ambas soluciones son utilizadas en la región, sin que quepa conceder prioridad a una de ellas sobre la otra.

• Un segundo problema tiene que ver con algunas disyuntivas que se plantean en relación con el diseño y la confección de las pruebas. La primera disyuntiva se refiere al enfoque de las pruebas, que pueden estar centradas en los conocimientos adquiridos por los alumnos o abarcar también el desarrollo de actitudes. Las pruebas que miden unos y otras no son iguales, ni siquiera plantean las mismas exigencias técnicas, lo que obliga a decidir su enfoque. Una segunda disyuntiva se refiere al carácter de las pruebas, pudiéndose optar por la elaboración de pruebas referidas a criterios de logro o por la confección de pruebas de tipo normativo, adaptadas a una distribución de resultados estadísticamente normal. La tercera disyuntiva se refiere a la delimitación de la población sujeta a evaluación, que permite optar por pruebas de aplicación censal (dirigidas a toda la población estudiantil de un determinado grado o edad) o de tipo muestral (dirigidas a muestras representativas de población).

Otro grupo importante de problemas están relacionados con la explicación de los resultados conseguidos. La mayoría de los sistemas nacionales de evaluación no suelen contentarse con medir los logros alcanzados por los estudiantes, sino que también pretenden explicar por qué se producen tales resultados. Sin embargo, dicho intento de explicación tropieza con varios problemas y dificultades:

• Un primer problema tiene que ver con el grado de coherencia realmente existente entre la evaluación y el currículo. Como se señalaba al comienzo del trabajo, el desarrollo de los sistemas nacionales de evaluación ha ido generalmente asociado a otros procesos de reforma curricular. No obstante, esa simultaneidad no ha asegurado siempre la existencia de una adecuada coherencia entre ambos aspectos. En los casos más extremos, puede incluso decirse que ambos procesos se han desarrollado en direcciones divergentes. Cuanto más importancia se ha concedido a las pruebas, mayor ha sido su impacto sobre el desarrollo curricular.

• Un segundo problema, menos complejo pero no menos influyente, está relacionado con el tipo de interpretación que permiten los diversos modelos de pruebas. Como se señalaba más arriba, dos son los modelos de pruebas utilizados más habitualmente: criteriales y normativas. Las pruebas de tipo criterial proporcionan una base sólida para valorar la suficiencia de los logros conseguidos, ya que se apoyan en una definición operativa de los objetivos que deben alcanzarse. Por el contrario, las pruebas de tipo normativo exigen alguna operación adicional para poder valorar la suficiencia de los logros alcanzados, dado que se refieren a situaciones de normalidad estadística. La existencia de estos dos modelos alternativos obliga a considerar cuidadosamente qué usos se quieren hacer de las pruebas, antes de decidir el que conviene aplicar.
• Un tercer problema se refiere a las dificultades conceptuales y técnicas que se plantean a la hora de buscar explicaciones. Por una parte, hay que reconocer la debilidad teórica de los modelos habituales de producción educativa, que en buena parte deriva del problema que plantea la causalidad en educación. Esa debilidad influye en la selección de los factores que se consideran asociados al rendimiento, pocos de los cuales cuentan con confirmación empírica sólida. Además, la explicación de los resultados se ha basado tradicionalmente en la distinción de dos tipos de variables, unas extrínsecas y otras intrínsecas. Mientras que las primeras (nivel socioeconómico y cultural, recursos destinados a la educación) han sido objeto de análisis abundantes, las segundas (organización del sistema educativo, procesos institucionales, procesos de aula) vienen resultando menos concluyentes y aún requieren investigaciones adicionales.

• Un cuarto problema tiene que ver con la voluntad que a veces existe de buscar muchas vías de explicación de los resultados obtenidos, que puede traducirse en un exceso de datos recogidos. Cuando ese exceso de datos va unido, como ocurre en ocasiones, con una insuficiente delimitación conceptual de las variables seleccionadas y con limitaciones en el análisis estadístico de los datos, la situación puede llegar a resultar inmanejable. La consecuencia suele ser una evidente infrautilización de los datos y una ineficiencia en el uso de los recursos disponibles.

• Un último grupo de problemas que plantean las pruebas de logros están relacionados con el uso que se hace de las mismas y con las interpretaciones a que dan pie:
• Un primer problema tiene que ver con los distintos tipos de uso que pueden hacerse de la información. Los resultados de la evaluación pueden utilizarse con una finalidad formativa, orientada al desarrollo institucional y profesional de los agentes implicados, para fomentar la competición, e incluso para impulsar políticas de mercado en el ámbito educativo. Obviamente, las interpretaciones que permiten tales posibilidades son diferentes y persiguen distintos efectos. Es necesario señalar que, si bien esos son los extremos de un continuo de posibilidades de uso, existen otras opciones intermedias en que dichos propósitos pueden combinarse en diferente proporción. La decisión sobre el tipo de uso que se pretende hacer de los datos de la evaluación condiciona en buena medida el diseño de la evaluación.

• Un segundo problema tiene que ver con la existencia de diversas posibilidades de comparación (con una norma o criterio, con otras realidades semejantes, consigo mismo a lo largo del tiempo), cada una de las cuales plantea sus propias exigencias y ofrece diferentes posibilidades. El uso de la comparación plantea un problema complicado, que tiene que ver con la justicia de la comparación. El intento de dar respuesta a esa cuestión ha impulsado el desarrollo de técnicas de cálculo del denominado valor añadido.

• Un tercer problema consiste en el excesivo reduccionismo en que a veces se cae cuando se pretende interpretar los resultados de la evaluación. Ese defecto puede venir originado por una excesiva limitación del contenido de las pruebas, que no permite llegar a conclusiones razonables sobre el logro de los objetivos propuestos, o por una interpretación poco rigurosa de los datos, que puede incluso llegar a distorsionar las interpretaciones.

A la vista del análisis que acaba de hacerse de las pruebas nacionales de logros, se llega a la conclusión de que constituyen la práctica de evaluación más habitual en la región, encontrándose bastante asentadas en la actualidad. No obstante, como se ha puesto de manifiesto, presentan algunas deficiencias y problemas que deberán solventarse en el futuro, si se quiere asegurar su credibilidad y se pretende que contribuyan a mejorar la educación.



Extraído de
¿Qué pretendemos evaluar, qué evaluamos y qué conclusiones podemos extraer de la evaluación?
Alejandro Tiana Ferrer
En: Evaluar las evaluaciones
Una mirada política acerca de las evaluaciones de Calidad Educativa
IIPE UNESCO
En la sección “Biblioteca” hay un link hacia el PDF completo

jueves, 27 de junio de 2013

Los resultados de las evaluaciones educativas ante la opinión pública

¿Qué alcance tienen las Evaluaciones de Calidad Educativa? ¿Tiene la población en general una idea cabal de las mismas? ¿Cómo funciona el proceso informativo en la comunidad? ¿Las noticias del contexto educativo tienen el mismo efecto que las del económico o de la salud?


Efectivamente, nos preocupa el desarrollo de las herramientas de evaluación de los sistemas educativos, no solamente ha constituido una operación costosa -tanto en términos de recursos económicos como en materia de esfuerzos y de recursos humanos-, sino que ha resultado ser una opción, aparentemente técnica, de efectos políticos problemáticos.

Hoy se nos pregunta si creemos que las evaluaciones han afectado la inversión pública de los gobiernos en educación, si las evaluaciones conllevan riesgos políticos, etc. Pues bien, de lo que se trata es de preguntarse por qué razones la opinión pública -y/o los medios de prensa- de nuestros países encuentra tantas dificultades para interpretar los resultados de distintas pruebas de evaluación de la calidad educativa de un determinado aspecto del funcionamiento del sistema educativo y, por ejemplo, muchas veces, terminan confundiéndolos con un verdadero diagnóstico general del estado de la educación en nuestros respectivos países.

En efecto, estos son algunos de los problemas que parece acarrear la multiplicidad de evaluaciones de los resultados educativos que hemos llevado a cabo y estamos llevando adelante en los últimos años. Pero, muy en especial, creo que lo que más preocupa es el último de los problemas mencionados. Es decir, el problema que conlleva la dificultad de transmitir a la opinión pública cuál es el verdadero estatuto del resultado de una evaluación y la aparente imposibilidad de que ésta dimensione exactamente su significado, sus alcances y sus reales implicaciones.

Los resultados de las evaluaciones educativas ante la opinión pública
En primer lugar, es necesario señalar que el fenómeno es preocupante porque, en buena medida, la opinión pública parece reaccionar de manera relativamente diferente ante los resultados de las evaluaciones educativas que frente a otro tipo de mediciones. En efecto, en ocasiones, hay mediciones que son portadoras de indicadores de realidades económicas o sociales mucho más trascendentes -y por ello más inquietantes- que la persistencia de una alta tasa de repetición en primer año de Primaria o de la tasa de deserción del segundo ciclo de Enseñanza Media. Sin embargo, es necesario constatar que muy pocas veces las reacciones de los medios y de la opinión pública alcanzan, ante la difusión de distintos tipos de indicadores, la virulencia que suelen adquirir frente a algunos resultados provenientes del sector educativo.

Es así que debemos reconocer que las evaluaciones educativas son relativamente nuevas en el horizonte de la gestión gubernamental. Los estados modernos contemporáneos -y con ello quiero decir, grosso modo, los aparatos estatales concebidos y diseñados después de la Segunda Guerra Mundial- hace tiempo se empeñaron en cuantificar los procesos públicos y privados que tenían lugar en nuestras sociedades. En gran medida esta tendencia está ligada, en un sentido, al proceso de tecnificación de los aparatos estatales y al incremento de la importancia de los medios de comunicación de masas. Cabe simultáneamente destacar, en un segundo sentido, que la tendencia a informar sobre los resultados de la marcha de los principales procesos que se desarrollan en la sociedad está íntimamente vinculada al proceso mismo de consolidación de la democracia.

Esta requiere, de manera regular -y yo diría que inexorablemente-, de un flujo de información continuo hacia los medios para permitir la conformación de ese actor decisivo de todo régimen democrático que es la opinión pública.

Es así que la tasas de inflación, la de desempleo, la desinversión, los niveles de ingreso, el índice de crecimiento o disminución del salario real, etc., son indicadores vinculados a la economía que se publican rutinariamente en todos los medios de prensa de nuestros países sin que ello signifique sorpresa o alerta alguna siempre que se mantengan dentro de los rangos más o menos “esperados” por la opinión pública.

Algo muy similar sucede, por ejemplo, con los indicadores vinculados a la salud pública. Aunque menos concurridos que los indicadores económicos por la curiosidad de los medios de prensa, no es menos cierto que los índices de natalidad, los indicadores de mortalidad infantil, los de desnutrición o los de morbilidad vinculados a determinadas enfermedades o accidentes parecen haber ganado una suerte de carta de ciudadanía entre la opinión pública y se han integrado al lenguaje corriente de nuestras sociedades.

Que lo que estas mediciones indiquen sea “bueno” o “malo” resulta para la opinión pública relevante pero, en algún sentido, no precisamente inquietante si esos resultados están dentro de un rango considerado por ésta como “normal”. Pero, en todo caso, difícilmente el asunto no será más que noticia pasajera y, por lo general, en ninguno de estos procesos las informaciones y mediciones transmitidas a la ciudadanía son generadoras de grandes movimientos de opinión que pretendan poner en cuestión las raíces mismas del sistema económico o las grandes políticas que rigen el sistema de salud pública.

Pero con las evaluaciones de la calidad de la educación las cosas parecen ser, muchas veces, distintas. Si, por alguna razón, el sistema educativo público tiene que informar que las tasas de repetición han subido algún punto porcentual, que el “drop-out” se ha incrementado o que los resultados de las evaluaciones en Matemática deben ser considerados insuficientes, esa información tiene una alta posibilidad de desembocar en una verdadera campaña de prensa acompañada de largos cuestionamientos sobre la política educativa en general, sobre la idoneidad del Ministro de turno, sobre la validez de los datos, sobre la capacidad del cuerpo docente, etc.. Y seguramente, además, nunca estarán ausentes como infaltables anexos, argumentaciones no menos extensas sobre “la crisis” de la educación, los efectos aparentemente devastadores de las nuevas tecnologías de la información globalizada y los problemas más abstrusos de la civilización contemporánea.

Incluso, a contrario sensu, cuando los resultados que arrojan las evaluaciones sobre la calidad educativa resultan ser positivos, las reacciones de los medios y de la opinión pública pueden llegar a ser sorprendentes: la opinión pública parece reaccionar como si los resultados positivos fuesen los “naturalmente esperables” por lo que, de manera explicable, dichos resultados difícilmente constituyen una “noticia” significativa para los medios.


Extraído de:
Encuentros y desencuentros con los procesos de evaluación de la calidad educativa en América Latina
Javier Bonilla Saus
En: Evaluar las evaluaciones
Una mirada política acerca de las evaluaciones de Calidad Educativa
IIPE UNESCO
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lunes, 17 de junio de 2013

La visión comunicacional de las Evaluaciones de Calidad Educativa


La difusión de los resultados de las Evaluaciones de Calidad Educativa merecen nuestra reflexión, muchas veces son noticias, y como tal, efímeras, y utilizadas con otros fines, lejos del de mejorar la calidad y la equidad. Cabe entonces una pregunta ¿Se están usando los medios adecuados?

 

Los diarios informan sobre la lista de resultados, las radios llaman a la directora de evaluación, la televisión prepara un programa a la noche y al otro día desapareció”. De este modo, Martín Granovsky describe algo así como el circuito de la evaluación en los medios, la idea de que el tema se vuelve una noticia más, no hay proceso, no hay actores, son sólo resultados. Por su parte, Javier Bonilla Saus agregó: “Las evaluaciones clásicas son generadoras de buenos y malos humores. Difícilmente son generadoras de grandes movimientos de opinión. La publicación de que los índices de repitencia han subido puede desembocar en largos cuestionamientos sobre el ministro, los datos, las políticas educativas, la crisis de la educación, etcétera”.

Como señaló J. J. Brunner, en el Seminario: “Esta claro que la comunicación masiva le ganó a los sociólogos y educadores”. Pareciera ser que el mundo educativo ha perdido el control de ese canal de comunicación y, encima, es el único que está utilizando.

Ahora, ¿por qué el mundo educativo creyó que el tratamiento de esta información iba a ser distinto? ¿Es otro el abordaje que los medios masivos proponen para otras temáticas? ¿Por qué los medios se habrían dejado condicionar por la lógica del pensamiento pedagógico?

La escuela tuvo una cierta centralidad en el comienzo del siglo XX y finales del XIX. Era una institución con capacidad de construir muchos de los discursos que circulaban por la sociedad. Pero esa capacidad ha disminuido, por pérdida de peso propio, pero, también, por la aparición de otras agencias de transmisión de discursos en la sociedad.
La capacidad hegemónica de la escuela se encuentra debilitada, y, por el contrario, es ella la que se ve sometida a otras agencias sociales que le atribuyen sentidos.

Las evaluaciones de calidad siguen un proceso similar al de los indicadores de aumento del costo de vida, del desempleo, del producto bruto. ¿Por qué sería distinto? ¿Acaso esos indicadores no impactan del mismo modo en la vida de los miembros de la comunidad? Ocurre que, en algunos casos, las personas logran construir el relato que “rodea” al indicador estadístico, porque participa de sus vidas en forma cotidiana, como es el caso del índice de desempleo. Pero en la mayoría de los casos un indicador no es más que eso, no es un relato, no es un análisis, sino una síntesis. Es limitada la capacidad que tiene un dato para representar una realidad compleja, para dar cuenta de la multiplicidad de relatos que lo componen, y del conjunto de los matices que le aportan sentido.

Otro de los problemas de la información que aportan los operativos nacionales de evaluación de la calidad, es que no cuentan con el consenso del campo. El indicador que se ha construido no parece contar con el acuerdo del mundo educativo acerca de que expresa una síntesis del estado de la calidad educativa. Los indicadores económicos no generan discusión per se, el debate generado por el índice de variación del costo de vida puede vincularse a las razones de las variaciones, al modo de construcción de la muestra, pero nadie cuestiona al propio índice. Nadie cuestiona el hecho de que mide lo que se propone medir.

Sin duda, una de las deudas en materia de evaluación de la calidad es el consenso acerca del indicador propuesto, las variables y la metodología con la que se construirá el mismo.

Esta discusión se deriva del planteo anterior; respecto de la definición de sentido, es preciso consensuar una definición de calidad antes de empezar a medirla. Ese consenso es lo que el sistema educativo debe volcar al resto de la sociedad, de modo que el mismo sirva como principio de un diálogo y una comunicación con ella. También debe ser discutido el hecho de medir solamente la calidad, más allá del consenso alcanzado acerca de dicho indicador.

Pero definido dicho indicador, cabe la pregunta respecto de si deben ser los medios de comunicación el medio elegido para la transmisión de los resultados, o cuáles resultados deben ser comunicados a través dichos medios. En el Seminario, Juan Carlos Tedesco señaló: “La duda es cuál es el impacto de los medios sobre la educación. La gente, en general, no lee la información escrita sobre educación, la leen los dirigentes políticos.
La gente se apoya mucho en la experiencia concreta y eso explica y da pistas para el diseño de una política educacional. Es preciso reforzar el papel comunicador de la escuela. Los datos no les sirven a los docentes tampoco, tal como están presentados. Los ciudadanos no nos guiamos sólo por información racional”. El aporte de Juan Carlos Tedesco obliga a pensar si se ha elegido el medio más indicado para comunicar los resultados, por su capacidad de llegada, por el tipo de discursos que admite y el modo de procesarlos, por la capacidad de consensuar con los actores el modo de comunicación de los mismos, etcétera. Más aún cuando la televisión, la radio y los periódicos han sido, en algunos casos, los únicos canales elegidos para la transmisión de la información.

Es preciso evaluar si el tipo de comunicación y el modo de organizar los discursos han sido los apropiados. La posibilidad de evaluar modelos de comunicación que no trabajen sobre los paradigmas de la velocidad, inmediatez, impacto, parecen más apropiados para comunicar la información educativa con mayor cuidado. Se trata de encontrar los canales para transmitir relatos, con tiempos y espacios que permitan la reflexión.

Al mismo tiempo, si reunimos el análisis de eficiencia con el de pertinencia, daría la sensación de que el propio sistema puede ser un canal más interesante de comunicación.
En este sentido, no parece un dato irrelevante que no se haya tomado al propio sistema como canal para la comunicación de los resultados.

Pero la reflexión acerca del canal de comunicación obliga a volver al plano de las opciones de sentido. El modo y la vía que se utilizará para comunicar los resultados debe estar vinculado a los objetivos propuestos para los dispositivos de evaluación. Es preciso preguntarse “para qué” antes de definir el “cómo”; la comunicación debe tener capacidad de construir sentido con el propio discurso que se está intentando transmitir, debe existir relación entre los contenidos y el modo de transmitirlos.

Si los objetivos que el sistema se propone pasan por producir cambios en las estrategias de trabajo de los docentes, si se está pensando que los resultados sean un feed back que mejore las estrategias áulicas, las políticas de capacitación, de currículum, y el planeamiento en general, se hace necesario buscar una estrategia en la dirección y la lógica de nuestros destinatarios. Ahora, si lo que se busca es un insumo informativo para un sistema que avance hacia una organización a partir de la demanda, un modo de que la sociedad y los propios padres puedan aumentar la presión sobre la oferta, si la hipótesis es que dicha presión sobre la escuela la obligará a mejorar, los medios masivos pueden ser un canal adecuado.

Pero, sin duda, vuelve a aparecer la demanda por una definición de sentido. Y en el caso de la comunicación, los especialistas del campo le aportan complejidad al debate, obligan a integrar al análisis la elección del canal, el modelo de comunicación, la intencionalidad, tanto como los propios contenidos. Pareciera que los tomadores de decisiones son nuevamente demandados respecto de decisiones de valores y de sentido; así, el debate lleva a la necesidad de que los especialistas encuentren un marco ordenador de su tarea.



Extraído de:
Evaluar las evaluaciones
Gustavo Iaies
En: Evaluar las evaluaciones
Una mirada política acerca de las evaluaciones de Calidad Educativa
IIPE UNESCO
En la sección “Biblioteca” hay un link hacia el PDF completo

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