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miércoles, 8 de agosto de 2018

¿QUÉ DEBEMOS ESPERAR DE UN SISTEMA EDUCATIVO?


Ayer 26 de enero el diario The Times (y el resto de los medios de comunicación británicos) publicó las School league tables, una verdadera clasificación jerarquizada de los centros escolares británicos en forma de liga o competición que, con la tendenciosa justificación de otorgar a los padres el poder de elegir (Parent power 2018), confronta a todos los centros escolares del Reino Unido, sometidos a severas inspecciones externas que les obligan a estar mucho más preocupados por obedecer a lo que lo que los indicadores demandan que por educar a sus alumnos. Es díficil imaginar un sistema escolar que pueda desnaturalizar hasta tal punto el sentido primordial de la educación generando una justa o torneo entre escuelas, una suerte de eliminatoria en la que se genera una brecha insalvable entre los centros que alcanzan un A-Level y aquellos otros que no lo logran. Y es difícil imaginar una medida que refuerce hasta tal punto las diferencias sociales y culturales de partida, que fragüe la brecha social original que está en el origen del fracaso escolar sistemático, diviendo a los alumnos entre centros que asegurarán el éxito social de los hijos y centros que les destinarán al fracaso.

Un sistema educativo basado en la convicción de que la educación es competencia y contienda, no puede ser otra cosa que la sala de máquinas que prepara a sus usuarios para enfrentarse a un mundo de capitalismo despiadado que ubicará y premiará a cada cual en función de los títulos acreditativos obtenidos en esos centros. Una sociedad profundamente clasista, por tanto, que maneja la ideología del don con desparpajo e hipocresía porque consigue convencer a todos de que las diferencias en los resultados escolares obedecen a una forma ininteligible pero cierta de dotación diferencial natural, no de origen o génesis social. Una gestión capitalista del conocimiento, también, porque el saber pierde todo su valor para el fomento de la emancipación personal y se pone al servicio, plenamente,  de una supuesta progesión social que va dejando por el camino a vencedores y vencidos.

Son famosos sus colegios de élite, sin duda, selectos clubs de los hijos de las clases más acomodadas, pero debería destacarse la paradoja de que su sistema escolar, globalmente considerado, está muy por detrás de la mayoría de los sistemas de la OCDE (puesto 27 en matemáticas, 22 en lectura y 15 en ciencias). Es la consecuencia lógica de generar una burbuja de centros aristocráticos y un furgón de cola, atestado, de centros subordinados. De hecho, la variabiabilidad de calificaciones intercentros, de segregación escolar anunciada, es una de las más grandes del mundo. Y es la consecuencia natural de una formación deficiente del profesorado: como podía leerse en un reciente artículo sobre la deserción del profesorado en las escuelas británcias y la falta de nuevas vocaciones, “no existen suficientes incentivos para que estudiantes con talento se conviertan, nunca más, en profesores”. Sometidos a la presión y la vigilancia de la inspección, a la competencia descarnada de las clasificaciones intercentros, a la desconfianza sistemática de los padres, al desprestigio general de la profesión, ¿quién querría convertirse en chivo expiatorio?

La fórmula antágonica de la gestión inglesa la resume Pasi Sahlberg en Finnish lessons. What can the world learn from educational change in Finland?. ¿Cuáles son las claves del éxito de su sistema? “Este otra manera de gestionar el cambio educativo”, afirma Sahlberg, “incluye la mejora del cuadro docente, la limitación de las evaluaciones a los estudiantes a lo estrictamente necesario, la ubicación de la responsabilidad y la confianza como valores superiores a la mera rendición de cuentas, la inversión en equidad en la educación y la entrega de la responsabilidad de la gestión sobre las escuelas y distritos a profesionales experimentados en educación”. Algo aparentemente muy sencillo que tiene como colofón la prohibición expresa de que pueda publicarse ninguna clasificación de los resultados de los centros escolares en un país que, por otra parte, carece de inspección educativa, de exámenes o pruebas antes de los 9 años, que solamente realiza evaluaciones por muestreo de los centros escolares con el fin de contribuir a su mejora continua, que confía en las municipalidades y los centros escolares para la gestión y el gobierno autónomos de los centros, que exime a los profesores de su carga docente con el fin de que puedan dedicar ese tiempo a la colaboración y generar una verdadera comunidad de aprendizaje, que hace de la equidad, la confianza y la responsabilidad, en fin, el fundamento de su gestión.


No es una casualidad, obviamente, que uno de los países del mundo con menos variabilidad de calificaciones y resultados intercentros sea Finlandia, es decir, que es indiferente a qué colegio vayan los hijos de cualquiera, porque sus resultados serán buenos y equiparables. Y no puede ser tampoco causalidad que eso ocurra, sobre todo, en el resto de los países nórdicos (Islandia, Suecia, Noruega y Dinamarca), porque la construcción de un Estado social equitativo está en la base, en el principio, del diseño de un sistema educativo capaz de garantizar el éxito de todos sus alumnos.
¿Qué debemos esperar, entonces, de un sistema educativo? La elección es, en realidad, bastante sencilla: o sistemas jerárquicos y competitivos que refuerzan las diferencias culturales y sociales de partida en un círculo vicioso que pretende naturalizarlas, en los que el conocimiento es tan sólo la moneda de cambio de un sistema orientado a generar segregación laboral, o sistemas sociales equitativos que pretenden que todos y todas alcancen un nivel satisfactorio de habilidades y conocimientos por medio de los que gestionar satisfactoriamente su propia vida, sin rigidez, presión y stress, por medio de la confianza y la plena asunción de la responsabilidad personal. Comparen, elijan y apliquen.
Fuente del Artículo:
Por
JOAQUÍN RODRÍGUEZ
Colaborador del portal Blogs Madri+


martes, 15 de abril de 2014

Nuevos temas de la evaluación educativa


Las evaluaciones estandarizadas de Calidad Educativa nos informa sobre el funcionamiento del sistema educativo en su conjunto, pero por si sola, no puede abarcar el concepto de Calidad Educativa en su totalidad ¿Qué otros aspectos considerar? El siguiente artículo hace su aporte a la comprensión del tema.


En este apartado abordamos cinco elementos que, como primeros y pequeños pasos, deberían ir avanzando en la consecución de esa mirada integral.

1.- Una mirada global: estudiantes y docentes en sus escuelas
En la actualidad existe consenso en considerar a la escuela en su conjunto como el centro de la actividad educativa formal a la hora de evaluar lo que los niños alcanzan en su proceso. La información se fragmenta y no aporta mucho para la mejora requerida si, por ejemplo, los logros o aprendizajes de los estudiantes no se enmarcan y analizan en relación con las características y condiciones de la práctica docente, con los recursos disponibles, con el acceso y uso de tecnologías, con el clima de la escuela y el aula o con las expectativas que sobre ellos manifiesten docentes y directivos, entre otros. Por ello, si se quiere avanzar en calidad, los sistemas de evaluación deben considerar la escuela en su integralidad y complejidad pedagógica, social y cultural, como el espacio que mejor información puede proporcionar respecto de la eficacia, eficiencia, pertinencia, relevancia y equidad de la educación que están recibiendo los niños y los jóvenes.

La equidad se inicia y se juega en el aula y en la escuela. En consecuencia, se requiere contar con docentes justos y competentes trabajando en el aula, así como directivos atentos y preocupados por el desempeño de los profesores y su consecuencia en los avances y resultados de los estudiantes. La calidad y equidad educativa requieren la convicción profunda de que todos los niños pueden aprender y tienen el derecho de recibir los recursos, la orientación y apoyo pedagógico necesario para lograrlo y desarrollarse integralmente.

En este punto conviene remarcar que los logros y resultados de los estudiantes, así como la apropiación de principios y valores individuales y colectivos, son una clara consecuencia de las rutinas, procesos, subjetividades y prácticas de las escuelas y sus comunidades, haciendo necesario poder contar con estrategias e instrumentos que –al evaluar lo que ocurre con los estudiantes– lo hagan considerando todo lo anterior, de una manera justa y contextualizada. Resulta así imprescindible tener en cuenta todos los factores que a nivel institucional, propios de los docentes y del aula, permiten o limitan el acceso al conocimiento, a la apropiación de aprendizajes significativos y al desarrollo integral de sus estudiantes.

Evaluar la escuela en su conjunto favorece la comprensión de un micro-espacio público en el que se refleja y proyecta la sociedad a partir de realidades y contextos específicos, y en el que las acciones educativas y sus consecuencias adquieren una trascendencia relevante para orientar el desarrollo de la sociedad que se quiere alcanzar. Así, la evaluación de centros escolares que informa al sistema y reingresa los resultados a las propias escuelas y a las comunidades educativas contribuye al fortalecimiento y apoyo del sistema educativo como a las propias instituciones escolares. Ello permite que se articulen y atiendan adecuadamente necesidades de poblaciones muy diversas, desiguales y heterogéneas, entregándoles los elementos que les permitan instalar las condiciones para que cada niño obtenga aprendizajes significativos, mejore sus rendimientos y se incorpore y aporte como ciudadano pleno a la sociedad.

2.- Evaluar el funcionamiento de las administraciones educativas
La posibilidad de ofrecer una educación de calidad en cada escuela se sostiene y depende de manera importante en la calidad de la gestión que realizan las administraciones educativas. En efecto, recaen en ellas funciones y responsabilidades pedagógicas, administrativas y financieras esenciales para el buen funcionamiento de los centros y la calidad de los resultados escolares, tales como: la política de contratación de los maestros y directivos; la fijación de remuneraciones; la generación, distribución y uso de recursos; la supervisión y monitoreo de la ejecución de programas educativos y sociales implementados en las escuelas; las ofertas de formación continua pertinentes; los sistemas de supervisión y apoyo técnico pedagógico a los establecimientos, entre otros.

Así, cuando estas entidades instalan mecanismos de apoyo y supervisión técnico-pedagógicos o gestionan los recursos en función de las necesidades y características propias de los centros, se afectan positivamente las prácticas de gestión escolar, los procesos de enseñanza-aprendizaje y el sentido de pertenencia de toda la comunidad educativa, generando identidad, compromiso y responsabilidad con los procesos de aprendizajes y con las metas de logros de los estudiantes. Por el contrario, cuando persiste una visión de la administración de las escuelas centrada fundamentalmente en el gasto que estas reportan y solo se limitan a repartir los recursos entregados por los ministerios para que ellas sigan funcionando, sin atender a los procesos, avances o dificultades que presentan, su gestión no contribuye a fortalecer las acciones que permitirían mejorar aprendizajes y logros escolares, ni refuerza el desempeño profesional de docentes y directivos (Espínola y Silva, 2009).

La calidad de la gestión y apoyo de las administradoras educativas de escuelas que atienden sectores pobres han sido principalmente cuestionados por no estar atentos a las necesidades de dichas escuelas y sus actores para funcionar de manera adecuada. Se objeta su rol en la entrega y distribución de recursos, así como en la supervisión y regulación que le corresponde en los aspectos administrativos que inciden directamente en el rendimiento de los niños, tales como ausentismo y abandono escolar, selección y distribución de profesores, reemplazos y estrategias para atender y controlar el ausentismo docente (Gvirtz). De la misma manera, se ha visto que cuando las administradoras realizan un apoyo pedagógico adecuado a través de sus equipos técnicos se observan mejores procesos y aprendizajes en los alumnos. En consecuencia, resulta necesario evaluar el desempeño de las administradoras responsables de las escuelas, en todos los aspectos anteriormente mencionados.

3.- La evaluación de la participación social en las políticas educativas
La educación es una tarea que compete a la sociedad en su conjunto. Desde esa lógica, es indispensable ampliar y fortalecer la participación social, fomentando el compromiso y la corresponsabilidad de todos los sectores de la sociedad (públicos y privados). Para ello, las sociedades y sistemas educativos han de promover la participación social, generando las condiciones para integrar y ampliar la participación ciudadana en la formulación, ejecución y evaluación de políticas educativas, con el fin de hacerlas más pertinentes, relevantes, a la vez que se las valida y legitima, asegurando así los efectos e impactos buscados desde ellas.

Una amplia participación social en educación abre la puerta a la institucionalización de mecanismos y sistemas de rendición de cuentas y responsabilización (accountability) por lo hecho en educación. Dichos mecanismos se consolidan como aspectos determinantes para la calidad educativa y en ellos la evaluación puede aportar de manera sustantiva. Al respecto, son al menos cuatro los elementos implicados en la accountability que reconoce la literatura:
a) información sobre la calidad de los procesos y resultados del sistema educativo;
b) estándares necesarios para saber cuál es la distancia entre los logros alcanzados y aquellos deseables y esperados;
c) autoridad para lograr que determinados actores tengan la capacidad de tomar decisiones con el fin de mejorar la calidad del servicio, y
d) consecuencias para la cadena de actores que otorga el servicio.

Por último, y dado que la participación en educación compromete distintos niveles y actores, resulta interesante detenerse en los principales, a fin de visibilizar cuáles serán los desafíos para la evaluación.

• La participación de los organismos de la sociedad civil. Los diversos actores o grupos de interés de la sociedad civil que participan del campo educativo requieren de una atención especial desde la evaluación. Ellos difieren no solo desde sus intereses sino que respecto de su ubicación en el escenario educativo (administradores, financistas, investigadores, garantes o controladores, por ejemplo) y de sus grados de incidencia en las políticas que se diseñan e implementan en educación, todo ello considerando también su particular expresión en los distintos países.

• La participación de la comunidad local. A nivel local, la participación de asociaciones comunitarias, organizaciones territoriales, culturales, deportivas, etc., adquiere especial relevancia en la educación para dotarla de pertinencia, al mismo tiempo que evidencia roles y responsabilidades necesarias de ser ejercidas y cumplidas por sus distintos actores desde este micro espacio. Incluir una mirada evaluativa que, por ejemplo, dé cuenta de la existencia de redes de apoyo hacia las escuelas o de estrategias y espacios de articulación con empresas, universidades y fundaciones ciertamente favorecerá la calidad de la educación y recursos con que cuenten las escuelas.

• La participación de las familias. La evidencia empírica muestra una relación clara entre logros educacionales e involucramiento familiar, especialmente respecto del grado de participación de los padres en el proceso educativo. Por su parte, McNeal indica que la participación de los padres reduce las posibilidades de deserción escolar, mientras que Willms constata que aminora las posibilidades de repitencia. Algunos estudios también señalan que el efecto varía según el nivel social del alumno. De este modo, se dispone de suficiente evidencia para afirmar que los niños cuyos padres son parte fundamental del proceso formativo tienen una mejor oportunidad para adquirir las habilidades sociales que los llevarán al éxito en la escuela y en la vida. La evaluación ha de dar cuenta también del tipo de participación que aporta en tal dirección.

A partir de lo anterior, se hace visible la relevancia de la evaluación de la participación social en educación, completando así el conjunto de dimensiones y factores que determinan, finalmente, los procesos y resultados que se generan y obtienen en el micro espacio de una clase.

4.- Del qué al porqué: los estudios de factores asociados
En la actualidad no es posible conformarse con formular una valoración acerca del desarrollo o los resultados del trabajo de alumnos, docentes, escuelas, programas o sistemas educativos. Si se pretende aportar ideas que contribuyan a incrementar los niveles de calidad y equidad de la educación, es imprescindible dar respuestas válidas sobre las razones que explican ese desarrollo o esos resultados. De esta forma, y en simultáneo con el qué, se ha de avanzar en los porqué de la situación.

En coherencia con esta idea, la mayoría de los sistemas de evaluación de la región se han planteado la necesidad de desarrollar estudios de factores asociados. Sin embargo, aún hay mucho trabajo por realizar en esa línea. Los estudios son escasos, poco difundidos, no siempre rigurosos desde lo técnico y metodológico y, lo que a la postre es más grave, tienen una insuficiente utilización para la toma de decisiones en los diferentes niveles del sistema educativo: aula, escuela y sistema educacional, de manera tal que se hace necesario dar algunos pasos más allá para los estudios de factores asociados:

• Diseñar y desarrollar estudios (como se planteaba para la evaluación) de factores asociados para el nivel secundario, para la educación preescolar y para la posobligatoria, es decir, ampliar el estudio de factores asociados a la concepción de educación a lo largo de toda la vida.
 • Estudiar el tema de los efectos escolares y sus propiedades científicas (estabilidad, consistencia, eficacia diferencial y perdurabilidad de los mismos).
• Conocer los factores asociados a la adquisición de valores.
• Profundizar en lo que ocurre en el aula.
• Diseñar y desarrollar estudios longitudinales.

 Además, es importante subrayar tres ideas fundamentales que han de orientar la investigación sobre factores asociados. En primer término, es necesario nunca perder de vista a la equidad de la educación como una mirada caracterizadora de los estudios de factores asociados. Tal y como señala Murillo, una de las notas características de la investigación sobre factores asociados en América Latina ha sido la preocupación por la equidad de la educación, tanto en el objeto, muy centrada en escuelas en contextos menos favorables, como en el objetivo de estudio. Y ese valor debe permanecer y reforzarse para cambiar la situación en la región del mundo, no debe olvidarse, más claramente inequitativa.

En segundo lugar, parece necesario volver la mirada a las pedagogías. Ya no es todo gestión o acción docente, también es fundamental recuperar esa visión global de por qué, para qué, qué y cómo de la acción educadora. Así, más allá del análisis de las actividades que desarrolla el docente e incluso de las didácticas como estrategias que facilitan el aprendizaje, es preciso regresar a la pedagogía como el conjunto de saberes que se ocupa de la educación como fenómeno típicamente social y específicamente humano.

Por último, es preciso avanzar en una mirada global de los factores asociados. Una escuela de calidad no es la suma de la suma de elementos aislados. Estas escuelas tienen una forma especial de ser, de pensar y de actuar, algo que puede ser llamado como una cultura de calidad (Murillo). Y en esta mirada global, la comunidad escolar y los autores educativos (más que los actores) cobran una especial relevancia, por cuanto son ellos quienes generan, crean y readecuan dichas formas de ser, de actuar y pensar.

5.-  La participación social en el diseño y el desarrollo de las políticas públicas de evaluación educativa
Si se pretende que la evaluación contribuya de una forma eficaz a mejorar los niveles de calidad y equidad de los sistemas educativos y no se convierta en un mecanismo de dominación hacia los más débiles, es imprescindible que su diseño y desarrollo se realicen mediante un proceso de negociación con el conjunto de la comunidad educativa.

Efectivamente, la participación social en las políticas de evaluación educativa se constituye hoy día no solo como una exigencia ética imprescindible, sino como la única forma en que la evaluación puede contribuir al desarrollo de procesos de cambio, tanto personales como institucionales y socioculturales, que tengan un impacto real en la mejora de la educación. Y esta afirmación se ve sustentada por los siguientes postulados:

• La participación social en el diseño de políticas públicas se erige como un requisito imprescindible para el desarrollo de una sociedad plenamente democrática.
• La experiencia ha demostrado en muchos países que en los casos en los que la evaluación no ha sido negociada y consensuada con los diferentes actores se convierte en una simple maquinaria represora. Y ello se aplica tanto para la evaluación del aprendizaje de los alumnos como para la evaluación de los docentes, las instituciones o los programas.
• Cualquier proceso de mejora implica necesariamente un proceso de reflexión, comprensión y enriquecimiento de la propia práctica de estudiantes, docentes, directivos, administradores o supervisores. Por ende, la evaluación solo será útil en la medida en que contribuya a esa reflexión personal y colectiva, es decir, en la medida en que sea aceptada, creíble y útil.

De esta forma, la evaluación en educación debe ser diseñada considerando que su finalidad última es incrementar los niveles de calidad y equidad de los sistemas educativos, pero también que definir y consensuar el qué, el para qué y el cómo ha de hacerse dicha evaluación son procesos y respuestas en las que debe participar la sociedad en su conjunto.


Extraído de
RETOS EN LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD
DE LA EDUCACIÓN EN AMÉRICA LATINA
F. Javier Murillo
Marcela Román
REVISTA IBERO-AMERICANA DE EDUCAÇÃO. N.º 53 (2010), pp. 97-120

miércoles, 23 de octubre de 2013

Una mirada técnica sobre las Evaluaciones de Calidad Educativa


El sistema debe generar información que permita mejorar, en el camino del cumplimiento de sus objetivos ¿Se están generando en forma adecuada? ¿Se comunican por los carriles adecuados? ¿Están debidamente conectadas las evaluaciones, con el resto del sistema? ¿Qué debe orientar las revisiones técnicas de las evaluaciones?

 

La mayoría de los sistemas educativos latinoamericanos ha incorporado dispositivos y estrategias de evaluación al repertorio de políticas que constituyeron sus reformas en la década del ‘90. Los modos de organización, los niveles alcanzados, el tipo de instrumentos, la periodicidad, y otras variables, muestran diferencias entre ellos. Pero lo cierto es que la evaluación se instaló como una política y adquirió un fuerte reconocimiento social.

Más allá de las diferencias encontradas, pueden observarse elementos comunes entre los diferentes países, que dan cuenta de las opciones técnicas adoptadas, o de las que más allá de haber sido definidas explícitamente, resultaron de los modelos de implementación puestos en marcha.

En ninguno de los casos se han observado variaciones significativas de los resultados a lo largo del período de implementación. Los niveles de acierto se han mantenido estables tanto en relación a los indicadores cuantitativos cuanto a los cualitativos. Es posible afirmar que los alumnos siguen logrando niveles similares de aciertos en el mismo tipo de ítems. Estos resultados podrían permitir dos tipos de inferencias iniciales, en el sentido de que los cambios curriculares en particular y los programas de reforma en general, no han impactado los aprendizajes que los alumnos adquieren en las aulas, o que las preguntas que estamos formulando no son capaces de captar las diferencias que se están produciendo.

La mayoría de los sistemas han trabajado con mayor dedicación en la producción de información que en el análisis de la misma y en su comunicación a los actores. La región ha implementado millones de pruebas por año, pero es relativamente escasa la cantidad de información que se ha producido, al menos la que se ha utilizado para la reformulación de políticas o estrategias pedagógicas.

No se ha logrado que los docentes incorporen los resultados de los dispositivos como insumo de trabajo para la reformulación de su tarea. Esto tampoco ha ocurrido en los propios ministerios que las implementan. Los equipos de currículum o de capacitación no hacen de los resultados un insumo principal de su trabajo. Los operativos de evaluación aparecen como elementos con gran autonomía del resto de las políticas implementadas.

Los resultados se han comunicado, casi exclusivamente, a través de los medios de comunicación masiva. Se han difundido los promedios nacionales con mayor o menor desagregado, pero en muy pocos casos se han construido informes que puedan orientar el trabajo de la escuela o, al menos, que las escuelas los vivan así. Se han resaltado los casos extraordinarios, se han comparado con la línea histórica de los mismos. En los casos en que se ha trabajado en la distribución, la temporalidad de dicha devolución es tal, que se vuelve difícil transformarla en estrategias de mejoramiento institucional. Los informes llegan tarde o, al menos, desajustados con la posibilidad de transformarlos en herramientas de planeamiento.

Las escuelas han vivido los operativos como dispositivos externos a los que han dedicado mayor o menor tiempo de preparación, pero en muy pocos casos han percibido esas actividades como propias de la institución.

Los ítems de contenidos evaluados han sido construidos en el contexto de un proceso de transformación curricular de gran alcance, razón por la cual resulta difícil evaluar los resultados de dichos ejercicios.

La comunicación de los resultados ha transmitido la sensación del deterioro, la idea de que los sistemas educativos son muy poco eficientes en términos de calidad, y que se encuentran en un proceso de deterioro respecto de los resultados que obtenían en el pasado.

Es preciso relativizar muchas de las críticas que se efectúan sobre los equipos técnicos. Lo cierto es que la región no contaba con ningún tipo de experiencia previa acerca de la organización de operativos de este tipo y la experiencia europea se daba en contextos muy diferentes, al menos de menor heterogeneidad y en condiciones de organización del Estado mucho más sólidas.

Al mismo tiempo, los equipos técnicos no contaron con directivas políticas que les permitieran orientar el trabajo. El pedido de organizar dispositivos de evaluación no contó con el planteo de direccionalidades claras respecto de lo que se haría con dichos resultados, del impacto que se pretendía generar con los mismos, etcétera. Pero, en el caso de los equipos, éstos tampoco lo demandaron y en este sentido es interesante reflexionar acerca de los grados de autonomía de los equipos técnicos y los riesgos que esto genera.

El avance técnico parece haber sido construido con autonomía de las decisiones de sentido. De hecho, la variación de los instrumentos desde el comienzo de su implementación es baja. Las que se produjeron han tenido que ver con ajustes estadísticos o técnico-pedagógicos. EL elemento innovador apareció en el caso de algunos dispositivos internacionales que incorporaron nuevos modelos y contenidos a los instrumentos.

En síntesis, la reflexión acerca de nuevas decisiones técnicas, ajustes y revisiones que se realizan, debe estar precedida de las reflexiones y decisiones políticas que orienten el trabajo técnico posterior.

A diez años de la implementación de estos dispositivos de evaluación, parece interesante comenzar por una indagación profunda de los resultados, un intento de encontrar pistas que aporten a una revisión de las políticas implementadas y de las nuevas que se elaboren. Resulta importante formular un análisis profundo de los resultados, realizarlo con participación de los actores del sistema, y construir la cultura de la evaluación como insumo para el debate y la construcción de políticas educativas.

En cuanto a las estrategias de futuro, es necesaria una revisión que aproveche los avances alcanzados. Puede resultar riesgosa la tradición de fractura en el modelo de construcción de programas de política que ha tenido la región. No se trata de producir una nueva ruptura, se trata de un proceso de construcción, de re-orientar, de potenciar la herramienta en función de los objetivos que se definan. Latinoamérica requiere institucionalizar sus operativos de evaluación, incluyendo en dicha institucionalización los propios mecanismos de revisión y re-orientación de las decisiones técnicas. Y esos mecanismos deben ganar coherencia con los objetivos de política que se definan.



Extraído de:
Evaluar las evaluaciones
Gustavo Iaies
En: Evaluar las evaluaciones
Una mirada política acerca de las evaluaciones de Calidad Educativa
IIPE UNESCO
En la sección “Biblioteca” hay un link hacia el PDF completo

sábado, 31 de agosto de 2013

¿Qué deberíamos evaluar para que la evaluación sirva para mejorar la calidad?


¿Puede reducirse la Calidad Educativa a un limitado número de conocimientos y habilidades? ¿Es suficiente con una prueba de aprendizajes?  ¿Qué otras dimensiones podemos considerar? ¿Cuál es el sentido de “Evaluar un sistema”?



Ante un auditorio interesado en la educación no es necesario abundar en lo relativo a la importancia de su calidad y su evaluación. Pero teniendo en cuenta la diversidad de concepciones de estas dos nociones (calidad y evaluación) juzgo necesario explicitar mis propias ideas al respecto, de modo que las respuestas que ofreceré para las tres preguntas siguientes cobren sentido pleno.

Tratando, pues, de responder a esta primera pregunta, afirmo que, idealmente, una evaluación adecuada para que sirva realmente para mejorar la calidad educativa sería una muy amplia, que incluyera todas las dimensiones de la calidad; todas las áreas del currículo; los aspectos cognitivos pero también los actitudinales y valorales; no sólo niveles de dominio elementales, sino también los más elevados; insumos, pero también procesos y productos; los diversos actores y niveles organizacionales del sistema educativo; y que, además, incluyera el análisis de los factores que inciden en la calidad, de manera que dé bases para el diseño y la implementación de políticas.

Desarrollo el primero de los elementos anteriores: una buena evaluación deberá comprender todas las dimensiones de la calidad.

Sabemos que las políticas educativas han puesto el acento sucesivamente en la atención de la cobertura, luego en la eficiencia terminal y, más recientemente, en el nivel de aprendizaje alcanzado por los alumnos y en la equidad del servicio educativo. La coincidencia de la secuencia anterior de tales políticas en muchos países de la región latinoamericana y otras partes del mundo no es casual: responde, desde luego, a la similar evolución del contexto demográfico, económico, social y cultural.

Es frecuente que el término calidad se defina en forma restringida, limitándolo a lo que se refiere a los niveles de aprendizaje. En este sentido se dice que, tras centrar la atención en la cobertura y la eficiencia, ahora las políticas educativas ponen el énfasis en la calidad. Otra manera de usar la palabra, que juzgo preferible, le da un sentido más amplio, que se aplica también a las políticas de cobertura y eficiencia terminal.
Un concepto amplio de calidad, en efecto, no puede dejar fuera las dimensiones de cobertura y eficiencia, aunque no pueda limitarse a ellas y deba incluir además el nivel de aprendizaje, entre otras cosas.

Un concepto amplio de calidad debe incluir, en mi opinión, varias dimensiones que, en forma sintética, pueden expresarse diciendo que un sistema educativo de calidad es aquél que:
• Establece un currículo adecuado a las necesidades de la sociedad, incluyendo las de una mayor productividad económica, pero también otras necesidades básicas en una perspectiva de desarrollo integral, como las que tienen que ver con la democracia política, el respeto de los derechos humanos, el desarrollo de la ciencia, el cuidado del medio ambiente y la preservación y enriquecimiento de la diversidad cultural. Esta dimensión puede definirse con la expresión relevancia de los objetivos curriculares.

• Logra que la más alta proporción posible de destinatarios acceda a la escuela, que permanezca en ella hasta el final del trayecto previsto y que egrese alcanzando los objetivos de aprendizaje establecidos. Esta dimensión incluye, pues, la cobertura y la eficiencia terminal, así como el nivel de aprendizaje, y en términos sistémicos coincide con la eficacia interna del sistema.

• Consigue que los aprendizajes logrados por los alumnos sean asimilados por éstos en forma duradera y deriven en comportamientos sociales sustentados en los valores de libertad, equidad, solidaridad, tolerancia y respeto a las personas, que son fructíferos para la sociedad y para el propio individuo, quien podrá así alcanzar un desarrollo pleno en los diversos roles que habrá de desempeñar como trabajador, productor, consumidor, padre de familia, elector, servidor público, lector y telespectador, entre otros; en pocas palabras, como ciudadano cabal. En términos sistémicos esta dimensión es la de la eficacia ex terna o impacto del sistema.

• Cuenta, para lograr lo anterior, con recursos humanos y materiales suficientes, y los aprovecha de la mejor manera posible, evitando despilfarros y derroches. Es fácil apreciar que esta es la dimensión eficiencia del sistema.

• Tiene en cuenta la desigual situación de alumnos y familias, de las comunidades en que viven y las escuelas mismas, y ofrece apoyos especiales a quienes lo requieren, para que los objetivos educativos sean alcanzados por el mayor número posible. Esta última dimensión es la de equidad.

Conceptualizada así, multidimensionalmente, la educación será de calidad si es relevante, si tiene eficacia interna y externa, si tiene un impacto positivo en el largo plazo, si es eficiente en el uso de los recursos y si busca la equidad.

Considero que es mejor este concepto amplio de calidad que uno restringido, porque creo que nadie creerá que un sistema educativo es de calidad si atiende sólo a una fracción de la población en edad de acceder a cierto nivel, o si pierde en el camino a muchos de los alumnos que lo comienzan, aunque los que terminan lo hagan con altos niveles de aprendizaje.

Los otros componentes de una buena evaluación son claros: todas las áreas del currículo, comenzando por supuesto con Lectoescritura y Matemáticas, pero sin limitarse a ellas, sino contemplando, al menos en el mediano plazo, las ciencias naturales y las del hombre, la educación física y artística, etc.

Deberán incluirse los aspectos cognitivos pero también los actitudinales y valorales, ya que la educación no sólo pretende desarrollar los primeros, sino también, y con creciente énfasis, los segundos, cuya importancia para la vida en una sociedad democrática y culta se reconoce cada vez más. Obviamente, no sólo deberán valorarse niveles de aprendizaje elementales, como memorización, sino también los más elevados, de razonamiento propio, juicio crítico y creatividad.

Una buena evaluación no podrá limitarse a los insumos del sistema, si bien no puede olvidarlos, ya que sin ellos no es posible medir la eficiencia del sistema, pero habrá de considerar también los productos, para valorar la eficacia, y los procesos, como parte de una aproximación explicativa que indague en lo relativo a las causas de la situación descrita, con lo que se dará sustento sólido al diseño y la implementación de acciones de mejoramiento.

Con un enfoque integral como el que se propone, la evaluación tomará en cuenta no sólo a los alumnos, sino también a los maestros, los directores y supervisores y las autoridades educativas, así como los diferentes niveles de organización de un sistema complejo como el educativo, en cada uno de los cuales hay una problemática específica, y oportunidades particulares de intervención: el aula, la escuela singular, la zona o distrito escolar, el municipio, la región, provincia o entidad federativa, y el país.
Una buena evaluación, además, deberá caracterizarse por las cualidades técnicas de cualquier medición buena, que se resumen en la validez y la confiabilidad, en sus diversas facetas: que se mida realmente lo que se pretende medir, y que se haga de manera que los resultados sean comparables en el espacio y en el tiempo.

Subrayo que la evaluación no puede reducirse a la aplicación de pruebas de aprendizaje. Estas son, sin duda, necesarias para la medición de los resultados de la enseñanza, pero la valoración de otros aspectos implica la construcción de indicadores con otro tipo de datos, tomados de otras fuentes, como los sistemas de información estadística o estudios ad hoc.

Es claro que esta es una visión ideal, que en sentido estricto es imposible llevar a la práctica, pues exigiría una cantidad de trabajo y un volumen de recursos enorme para recolectar la información necesaria.

Pero si no se tiene este punto de referencia es fácil caer en el error opuesto, que en la realidad se ha dado en muchos lugares: el de reducir el sistema de evaluación a los elementos más fácilmente disponibles, con lo que sólo se dispone de datos gruesos y burdos sobre el número de alumnos inscritos en el sistema al inicio y al fin de un ciclo, el de maestros y escuelas, el presupuesto asignado a las escuelas y poco más.

Por ello creo que es importante manejar una visión ideal de lo que debería ser la evaluación como referente para el desarrollo de un sistema concreto; con tal punto de referencia, y con ayuda de las metodologías de investigación y evaluación educativa desarrolladas en las últimas décadas, es factible diseñar sistemas mucho más finos que los habituales, con requerimientos de recursos al alcance de los sistemas educativos reales.

No está de más precisar que diversos tipos de evaluación son competencia de diversas instancias. En particular conviene distinguir la evaluación de individuos de la de los sistemas como tales. La evaluación de los alumnos en lo individual, por ejemplo, es y sin duda seguirá correspondiendo a los maestros y las escuelas en que están los alumnos; la evaluación de los maestros en lo individual corresponde y corresponderá seguramente a los directores y supervisores.

La evaluación a la que me refiero en este escrito es, precisamente, la del sistema educativo en cuanto tal. Se trata, pues, de una evaluación de nivel macro, que no sustituye a las evaluaciones individuales, sino que las complementa, iluminando un ángulo diferente de la realidad educativa.




Extraído de:
Una mirada técnico-pedagógica acerca de las evaluaciones de calidad educativa
Felipe Martínez Rizo
En: Evaluar las evaluaciones
Una mirada política acerca de las evaluaciones de Calidad Educativa
IIPE UNESCO
En la sección “Biblioteca” hay un link hacia el PDF completo

martes, 20 de agosto de 2013

Reacciones de la prensa ante las evaluaciones de Calidad Educativa

La prensa no es un mero “medio” entre los hechos y las personas, tiene capacidad de “crear realidades” al sostiene intereses de algunos sectores. Muchas veces utiliza las Evaluaciones de Calidad Educativa para denostar el sistema educativo, con la finalidad de provocar su desfinanciamiento (En este caso defiende los intereses de los que no quieren hacer su aporte, las clases dominantes), pero siempre se maneja con una lógica ¿Cuáles son los principios de esta lógica?



A comienzos del mes de julio del año 2003 se dieron a conocer, también en Chile, los resultados de la Prueba PISA (Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes) administrada a alumnos de 15 años de 43 países. En el caso de Chile, los titulares de prensa que informaban sobre dichos resultados fueron lapidarios:

• “Chile obtiene bajo resultado en educación”
• “Estudio internacional muestra graves fallas en comprensión de lectura de escolares chilenos”
• “Preocupa mala nota de Chile en educación”
• “El nuevo analfabetismo”
• “Remezón por mala nota de Chile en la prueba educacional PISA”
• “Descalabro en rendimiento escolar: soluciones al «hoyo negro» en educación chilena”.

Sin excepción, entonces, la noticia recibió el tratamiento de un hecho dramático, adverso, calamitoso, catastrófico. Lo interesante es que la catástrofe, así entendida, viene anunciándose, con previsible regularidad, cada año, ya bien a propósito de las mediciones nacionales de la calidad educacional o de los exámenes internacionales en que Chile ha participado. Se trata, por tanto, desde el punto de vista periodístico, de una rutina que, a esta altura, se encuentra bien establecida.

A su turno, la lectura catastrofista da paso a un escenario donde, habitualmente, la prensa destaca tres “hechos”. Primero, que a nivel mundial Chile se hallaría ubicado en el furgón de cola de la educación; segundo, que existiría una grave crisis en la educación chilena; tercero, que ésta afectaría particularmente a la educación pública.

Así titulado y definido el escenario educativo nacional, la prensa se encarga a continuación -en los días siguientes a la publicación de la noticia- de interpretar las causas del mal diagnosticado.

En primer lugar, la prensa aprovecha la propia publicación de la noticia para incluir elementos interpretativos, ya sea en el párrafo que sigue al título o en el cuerpo de aquélla. Un buen ejemplo de subtítulo interpretativo es éste: “Especialistas dicen que es la hora de revertir las políticas aplicadas hasta ahora, enfatizando el trabajo en la sala de clases”. Un ejemplo llamativo de desarrollo interpretativo de la noticia en su cuerpo es el siguiente: “Por lo menos las autoridades reconocen que la educación chilena, junto a otras de América Latina, está en pésimas condiciones de competencia académica, lo que se ratifica con la prueba PISA. Para Chile, la situación es más patética debido a la triplicación de los recursos a partir de 1990, lo que hoy implica más del 7% del PIB para este sector social, en el cual el Estado coloca dos billones de pesos. Pero hay nulo avance en calidad en 12 años de esfuerzo gubernamental y 8 de reforma educacional”.

En segundo lugar, la prensa editorializa sobre los resultados y ofrece, por esta vía, su propio análisis de la situación. Por ejemplo, bajo el encabezamiento “Educación de nivel latinoamericano”, un diario de la capital señala: “La situación de nuestra economía y la solidez de la democracia chilena nos han llevado muchas veces a mirar con distancia a América Latina. Y aunque hay razones para sentir orgullo, éste, a veces, raya en la soberbia. El estudio PISA, reciente mente divulgado, nos devuelve bruscamente a la realidad. Él evalúa las habilidades lectoras de los estudiantes de 15 años en 43 países, cinco de ellos latinoamericanos. Chile tiene un logro que equivale a 410 puntos, esto es, 90 por debajo del promedio general del informe. Su rendimiento general, estadísticamente, no difiere del que alcanzan México, Argentina y Brasil; estos cuatro países superan a Perú, el quinto latinoamericano, que, a su vez, obtiene el rendimiento más deficiente de todos los países participantes”.

En tercer lugar, la prensa entrevista a expertos cuyas opiniones deben interpretar los negativos resultados. Regularmente, el Ministro de Educación es entrevistado para que reaccione frente a la noticia. Inevitablemente, su respuesta adopta la forma de una “reacción defensiva”, como cuando frente a los resultados del PISA la autoridad chilena expresa: “Entre los países desarrollados nos sacamos un 3; entre los países latinoamericanos, un 6”. Por su lado, los expertos tienden, ya a confirmar la construcción negativa de la noticia ofrecida por la prensa o, por el contrario, la suavizan y explican. En el primer caso, por ejemplo, se halla la experta que tras señalar “que en Chile la calidad de la educación no ha obtenido los resultados esperados”, luego agrega “que es posible concluir que medidas como la jornada escolar completa obligatoria, cambios curriculares, mejoramiento de las condiciones de los profesores y otros programas centralizados que han llevado a un gasto de más de 2 billones de pesos no están teniendo los resultados que se esperaban”. En el otro caso se halla el experto cuya opinión es que “falta poco para revertir los resultados de la prueba PISA”, argumentando que “la experiencia en 66 escuelas críticas en 2001 demostró que, cuando se aplican métodos adecuados de enseñanza, los resultados cambian rápidamente”.

En suma, el tratamiento periodístico de los resultados de las pruebas de logro escolar apenas alcanza a revelar que nos encontramos frente a un ámbito saturado de interpretaciones contradictorias, donde se enfrentan dialécticamente distintas visiones de la educación, de las políticas educacionales y de sus resultados. Tampoco dicho tratamiento se preocupa de transparentar que, en las interpretaciones ofrecidas, se conjugan elementos de realidad, preferencias ideológicas y las agendas de los diversos actores que acceden, por medio de la prensa, a la esfera pública. En fin, un ingenuo pacto implícito de objetivismo hace aparecer como que en realidad las cosas son como se presentan en la noticia o en las interpretaciones congregadas en torno a ésta.
La situación no es distinta en otras latitudes del mundo, con excepción de aquellos pocos países cuyos resultados en las pruebas internacionales son excepcionalmente altos y, por ende, aparecen habitualmente en los primeros lugares del ranking mundial.

Quizá de modo inevitable, entonces, la prensa, impulsada por su propia visión de mundo como sucesión de acontecimientos o eventos noticiables y su lógica adversaria, se vea llevada a producir un tratamiento simplista y sesgado de hechos complejos como son los resultados de las pruebas que miden el desempeño de los sistemas educacionales.

¿Cuáles son las reglas que determinan dicho tratamiento? Sin pretender un grado de exhaustividad, pueden señalarse al menos las siguientes tres reglas que, en conjunto, parecen explicar una alta proporción de los efectos anteriormente descritos.

1. La regla de la reducción llamativa. Todo acontecimiento complejo debe ser reducido a su mínima expresión y convertido en un signo de exclamación que capte el interés del lector. En el caso que nos preocupa, como han señalado Ferrer y Arregui: “sólo importa la posición relativa de logro en el escenario internacional y no la abundante información sobre factores sociales, escolares y personales asociados al rendimiento […] La prensa, particularmente, tiende a desconocer los aspectos más complejos y auténticamente informativos de los resultados y sólo destaca las posiciones en el ranking, a menudo con títulos dramáticos y escandalosos”. No sólo los titulares de la noticia, sino su tratamiento completo, se subordinan a esta regla. Conforme a ella, el valor comunicacional de la noticia debe encontrarse en los síntomas del hecho reportado; no en sus causas, declaradas siempre “demasiado intrincadas” como para ser incluidas o como para despertar el interés del público.

2. La regla de la descontextualización facilitadora. Cualquier hecho social, para que se lo pueda tratar como noticia, debe ser arrancado de la enmarañada red dentro del cual se produce. Luego, no sólo se reducen los resultados a meras posiciones de ranking sino que, simultáneamente, se los aísla, cortándolos de los factores de contexto que los generan y que, por lo mismo, deben ser parte de su explicación. En efecto, para partir por lo más simple, no da lo mismo comparar países con distinto nivel de desarrollo; digamos, Finlandia, con un ingreso per capita de 24 mil dólares, y Chile, con uno de 4,6 mil dólares. Para la educación este es un antecedente fundamental. Así, por ejemplo, un 60% de la variación de los puntajes promedio obtenidos por los países participantes en PISA se puede predecir a partir de su ingreso por habitante. Asimismo, debe considerarse el grado de desigualdad existente en cada una de las sociedades. Las diferencias socio-familiares entre hogares son, efectivamente, el mayor obstáculo para una educación con resultados homogéneos de calidad. Como señala el propio informe PISA, un entorno socio-familiar desfavorable “parece ser uno de los factores más poderosos que influyen en el desempeño de las escalas de aptitudes para la lectura, matemática y ciencias”. Los niveles de desigualdad medidos por el Coeficiente de Gini explican un 26% de la variación en el desempeño promedio de los países. En seguida debe considerarse el gasto por alumno en que incurren los países, que es un reflejo de su nivel de desarrollo. Efectivamente, el gasto educacional acumulado hasta los 15 años explica un 54% de la variación entre países medida en su desempeño medio. En América Latina, el gasto así medido apenas alcanza a un tercio o menos del gasto promedio de los países de la OECD.

3. La regla de la homogeneidad cultural. Los resultados de una actividad social cualquiera serían independientes de la cultura en que se producen. En otras palabras: ¡la cultura no importa! En este caso específico, como bien señalan Ferrer y Arregui en el artículo antes citado, la prensa -al efectuar sus análisis e interpretaciones-, no considera “las grandes diferencias culturales entre los alumnos de diferentes países”; ni al interior de una misma sociedad, según estratos socioculturales (que un reciente estudio afirma explicarían alrededor de un 50% de la varianza en los resultados escolares que se manifiesta entre escuelas en Chile), ni entre sociedades con diferentes tradiciones y constelaciones culturales, como pueden ser las culturas de los países del sudeste asiático, de los países nórdico-europeos o de Europa Central y del Este. Contrariamente pues a todo lo que sostienen las ciencias sociales contemporáneas -esto es, de que la cultura sí importa-, paradojalmente en el ámbito de la educación y el aprendizaje, donde más se podría esperar que ella incida, su influencia es borrada de un plumazo, para dar paso a una suerte de universalidad global y abstracta de los efectos y los procesos escolares.

Bajo estas reglas, no debiera llamar la atención que la prensa produzca el tipo de noticias e interpretaciones sobre resultados escolares caracterizado al inicio de esta presentación, sobre todo en el caso de pruebas internacionales. Tales noticias e interpretaciones tenderán por necesidad a ser descontextualizadas, a reducir por tanto el peso de la sociedad y sus desigualdades; a apuntar sólo a los síntomas, reduciendo la complejidad del logro escolar a una tabla de ganadores y perdedores, en una aritmética social de escaso valor; y a presentar la carrera de rendimientos entre los alumnos del mundo (aunque nunca el universo real de comparación incluya a más de un 20% de los países y territorios del mundo) como si dicha competencia se llevara a cabo sobre una tabla rasa, donde todos compiten en igualdad de condiciones y sin que intervengan factores socioeconómicos y culturales de ninguna especie.



Extraído de:
Límites de la lectura periodística de resultados educacionales
José Joaquín Brunner
En: Evaluar las evaluaciones
Una mirada política acerca de las evaluaciones de Calidad Educativa
IIPE UNESCO

jueves, 18 de julio de 2013

Una visión política sobre las Evaluaciones de Calidad Educativa

¿Qué función cumple la Evaluación en la escuela? Es un instrumento, mediante el cual se ejecuta la selección. Mediante ella, queda legitimado el proceso de estratificación social. Esto mismo puede pensarse para las Evaluaciones de Calidad Educativa, y es necesario entonces “evaluar las evaluaciones”, y como tiene consecuencias políticas, hay que hacerlo desde este punto de vista, centrándonos en una pregunta ¿Evaluamos para mejorar la calidad y equidad del sistema? 
 


“En una escuela que tensiona por la equidad, la evaluación, como dispositivo diferenciador, hace ruido en algún lugar”. Estas palabras de Javier Bonilla, Director Ejecutivo del CODICEN – Uruguay, se suman y permiten observar el tono de un debate. La idea de buscar esos “ruidos” o esos “costos” y compararlos con los beneficios se empieza a transformar en un eje de la discusión acerca de las evaluaciones. Parecen estar más claros los costos que los beneficios, y eso lleva a una revisión crítica; la idea es que las evaluaciones de la calidad empiezan a verse sometidas, ellas mismas, a un proceso de evaluación.

Estas políticas aparecieron como una de las innovaciones principales de las reformas implementadas en la década de los años ‘90. Y, paradójicamente, los propios tomadores de decisiones sienten que son estos dispositivos los que han puesto en “jaque” a las reformas. Han expuesto a la política educativa, la han sometido a la opinión pública y, en ese campo, las decisiones y el debate abandonaron la exclusividad del mundo educativo. Desde ese punto de vista, la capacidad de dar respuestas, de analizar datos y de producir cambios, se encuentra muy condicionada.

La centralidad que las evaluaciones de la calidad han asumido en la mirada que la sociedad tiene sobre la educación las vuelve un aspecto que merece ser analizado con mayor cuidado. Han dejado de ser un objeto técnico-pedagógico para transformarse en uno de carácter político.

Más allá del consenso existente sobre su importancia y sobre las ventajas de su instalación, resulta fundamental volver a pensarlas, principalmente, desde sus dimensiones política, comunicacional, pedagógica y en el modo en que estos dispositivos interactúan con el conjunto de los actores educativos.

Se trata de proponerse una evaluación de las evaluaciones, a diez años de su instalación en los sistemas educativos de la región, y de revisar críticamente la experiencia.

Una visión política
Las evaluaciones se han vuelto un hecho político. Los gobiernos y sus políticas son analizados a partir de los resultados de la aplicación de estos dispositivos. El mundo de la educación ha creado un instrumento sobre el que parece haber perdido el monopolio del debate. En el momento en que las evaluaciones han llegado a los medios de comunicación masiva, han quedado de algún modo fuera del campo exclusivo de los gestores educativos o de los pedagogos. La comunidad educativa ha “bendecido” un indicador capaz de dar cuenta de la situación de la educación en materia de aprendizaje de los alumnos y en esos términos lo ha recibido la sociedad. Desde ese momento, se han vuelto un procedimiento de las políticas públicas en su conjunto, y eso implica la participación de otros actores. Las desigualdades sociales, la competitividad de los países, la eficiencia del gasto, entre otras variables, empiezan a incluir la información de los operativos de evaluación de la calidad para ser analizadas.

En ese contexto, el mundo educativo ha perdido el manejo exclusivo de la herramienta. Ya no se trata de un dispositivo que produce información para el debate educativo exclusivamente, ha dejado de ser un objeto de discusión técnica, el mundo político se ha apropiado de sus resultados y los ha incorporado a sus debates. En muchos casos, con análisis apresurados, poco apropiados e, incluso, revelando muchos de los errores cometidos o la necesidad de producir cambios.

¿Cómo recuperamos la posibilidad de pensar la herramienta? ¿Cómo volvemos a transformarla en un dispositivo capaz de brindarnos información para el mejoramiento de la calidad y la equidad? Tales parecen ser las preguntas de los tomadores de decisiones. Retomando las palabras de Martín Granovsky, en el Seminario: “Si no llenamos la evaluación con información y análisis, los resultados están sustituyendo a la política”.

Parece necesario recuperar el sentido. ¿Evaluamos para mejorar la equidad y calidad de nuestros sistemas educativos?, ¿lo hacemos para juzgar al sistema y acusarlo? Porque de acuerdo a las intenciones que tengamos, los instrumentos serán las propias políticas, no serán un instrumento sino un contenido. Los sistemas educativos dejarán de trabajar para mejorar la calidad y la equidad educativa y pasarán a trabajar para el mejoramiento de los resultados de las evaluaciones.

Los dispositivos y sus productos han tenido mayor impacto en la construcción del imaginario educativo de la sociedad, que en la transformación de las estrategias educativas. En el plano de lo simbólico vivimos, como expresó Juan Froemmel en el Seminario: “el síndrome del análisis melancólico, todos creen que nunca tuvo fiebre porque nunca se la midieron”; la sociedad no cuenta con registros históricos, con lo cual “se pelea” con los actuales. En este sentido, Ottone dijo en el Seminario: “Existe la idea de un pasado «glorioso», una escuela que convivía cotidianamente con la excelencia. Con ese pasado es imposible compararse porque ese era un mundo más feliz. No creo que la felicidad sea un efecto de las políticas públicas, la felicidad es compleja. Es muy complejo hacer políticas públicas contra ese síndrome de la nostalgia”. No existen registros históricos en la región que permitan comparaciones serias con el pasado, pero, de todos modos, el imaginario social los ha construido. Y resulta complejo relativizar esas ideas incorporando el dato de las tasas de escolarización o de la complejidad de los planteos curriculares o de la menor desigualdad, en algunos casos. Parece haber un dictamen que establece que la escuela actual es peor que la del pasado. Y ese dictamen parece asociarse a la calidad de nuestros gobernantes.

Las evaluaciones parecen haber sido funcionales a este síndrome, quizás, hasta lo hayan alimentado. Acaso hayan confirmado a la sociedad que ya no tendrá una escuela de excelencia como la que tuvo.

La sensación es que esos resultados han venido a confirmar el peso de ciertos condicionantes estructurales. Así lo indicó J. J. Brunner, en el Seminario: “Ningún indicador logra imponerse a los de los condicionantes sociales. En el mejor de los casos se podría llegar a equiparar el efecto del origen social. La escuela no puede compensar a la sociedad, el sentido común le ha ganado a las comprobaciones científicas”. Estas afirmaciones tienen un enorme peso en términos de la ejecución de políticas, es casi una justificación para disminuir las inversiones en educación y centrarlas en las políticas sociales. Podrían permitir razonamientos que justifiquen el hecho de que si los resultados educativos están condicionados por los sociales, no conviene invertir en políticas educativas, sino en aquellos programas sociales que garanticen las condiciones de educabilidad, dado que hasta que impactemos la situación social de los beneficiarios, no podremos mejorar sus resultados educativos.

El pesimismo pedagógico de final de década, la evidencia de que enormes inversiones y una importante apuesta política no han producido resultados significativos en materia de calidad, hace que este tipo de argumentos ganen espacio. La idea de que el sistema tiene muy baja permeabilidad a los cambios, que es muy difícil producir transformaciones cualitativas y que requieren gran cantidad de recursos, parece ser un obstáculo para volver a construir un clima favorable a la inversión educativa.

Al mismo tiempo, el análisis de los resultados de las evaluaciones internacionales muestra que los promedios de la región se componen de sectores acomodados de la sociedad que brindan a sus hijos una educación que puede ser ubicada dentro de los estándares internacionales, y otros cuya calidad se aleja cada día más de dichos estándares.

Esta evidencia anima a algunos sectores a preguntarse si es posible garantizar una educación de calidad para todos o si deberemos conformarnos con garantizársela a los grupos más dinámicos de la sociedad, aquellos que parecerían en condiciones de darle competitividad a las economías de sus países. Estos peligrosos razonamientos son algunos de los elementos que nos obligan a asumir un análisis más cuidadoso de los resultados de las pruebas. En ese sentido es que los mismos han trascendido el análisis del mundo pedagógico: no sólo tienen impacto sobre las políticas curriculares o de gestión institucionales, también pueden tenerlos sobre las políticas de empleo, de inversión industrial, etcétera.

¿De qué hablan los tomadores de decisiones cuando afirman que hay que apropiarse de las evaluaciones? El Presidente de la IEA, Alejandro Tiana, dijo: “Hay una cuestión de la complejidad de la evaluación que tiene una vertiente de conocimiento y otra de valoración. La vertiente política es la de la valoración y la ponderación”. Por su parte, Martha Lafuende expresó: “Creo que llega el momento de empezar a llamar a las cosas por su nombre, nos hemos propuesto evaluar calidad y estamos midiendo, no evaluando. Evaluar exige tener un patrón con qué compararse y ese patrón no está del todo claro”.
Aparece la idea de que se ha concebido una política como un hecho técnico y, después de una década, parece claro que es necesario revisar esa decisión, entender que esas decisiones técnicas deben dar cuenta de definiciones filosófico-políticas. Se construyeron indicadores que se definieron técnicamente, y que consideran casi con exclusividad las habilidades académicas. Nuestros índices no consideran el aumento de las tasas de escolarización, la capacidad del sistema para homogeneizar actores de una sociedad cada día más segmentada, dar cuenta de los nuevos públicos que la escuela ha sido capaz de albergar, de la capacidad de contener otras realidades sociales, etc. Y esas definiciones implican una toma de postura ideológica, utilizar unas variables y abandonar otras; lo cierto es que la experiencia de los ‘90 hace pensar más en una “no toma” de posición política, en el sentido de que los tomadores de decisiones no se posicionaron en ese punto.

Se ha construido un indicador de calidad que es puramente académico, se han considerado fundamentalmente los aciertos en Lengua y Matemáticas como indicadores de una buena educación. Pero no es que, en consecuencia, esa sea la demanda que se le formula a la escuela, no ha sido ese el único objetivo de las reformas. Y en el caso de que ese hubiera sido, tampoco se le garantizaron las condiciones de educabilidad mínimas para producir esos aprendizajes.

Se le ha pedido a la escuela que enseñe contenidos definidos, y se formularon evaluaciones acerca del grado de adquisición de los mismos por parte de los alumnos. Pero también se le demandó que les dé de comer a los niños y jóvenes, que controle su vacunación, que les haga los documentos de identidad, que presione a los padres para que eduquen a sus hijos como corresponde, etcétera. Y ni siquiera los sistemas educativos fueron capaces de liberarla del peso administrativo de las burocracias, no se han dictado normativas y regulaciones que faciliten la tarea, no se han generado programas de capacitación eficientes para sus docentes, de modo que pudieran enseñar dichos contenidos.

Y en ese sentido, la escuela ha quedado sola adelante de la sociedad; se la midió con un indicador de nivel académico similar al de otras regiones del planeta en las que la escuela cuenta con una cantidad de variables garantizadas. No se han construido indicadores capaces de dar cuenta del conjunto de las misiones y funciones que se le encomendaron al sistema educativo. Ni siquiera, que consideren el contexto en el que se le han pedido dichos resultados.

Las evaluaciones de la calidad han lanzado al sistema educativo a la discusión política y, por lo tanto, las consecuencias de dichas discusiones generan un fuerte impacto sobre la imagen de los gobiernos, sobre el campo de la política educativa y sobre el de la política en general.

No es posible enfrentar una discusión política con enfoques técnicos solamente. Quizás haya llegado la hora de asumir la discusión de sentido, la definición de objetivos de política y de someter las herramientas a esos principios. Quizás el problema resida en que, tal como dijimos previamente, se ha medido pero no evaluado, y medido determinadas variables y no otras. Y más allá de que los equipos políticos no hayan construido esas decisiones, las mismas han adquirido ese carácter.
Quizás la primera conclusión de este análisis sea que, más allá de la politización “de hecho” que sufrió el mundo de las evaluaciones, ha llegado el momento de que los tomadores de decisiones en materia de políticas educativas, los especialistas del campo y los equipos de los organismos multilaterales asuman que este es un debate de sentido, y que entrar al mismo por el “costado” técnico en lugar de hacerlo por el político es un error y nos conducirá a conclusiones falsas.



Extraído de:
Evaluar las evaluaciones
Gustavo Iaies
En: Evaluar las evaluaciones
Una mirada política acerca de las evaluaciones de Calidad Educativa
IIPE UNESCO
En la sección “Biblioteca” hay un link hacia el PDF completo

sábado, 18 de mayo de 2013

Los principios y criterios que han de sostener la evaluación de la calidad de la educación

¿Qué aspectos son relevantes en una evaluación de calidad educativa? ¿Qué principios deben ser tomados en cuenta? ¿Cómo favorecer el principio de “inclusividad”? ¿Qué aspectos del desarrollo de los estudiantes hay que tener en cuenta?



Frente a la trascendencia de la tarea, la pregunta es: ¿por dónde empezar? Siendo coherentes con el sentido y propósito de la educación en tanto derecho humano y de la necesaria calidad que ha de tener, los sistemas de evaluación han de asumir, en primer lugar, la relevancia de poder acceder a la educación desde edades tempranas y permanecer en ella al menos hasta integrarse al mundo del trabajo en condiciones de igualdad. En segundo lugar, una evaluación que considere el derecho de todos y cada uno de los estudiantes a ser evaluados y recibir los resultados, es decir, superar la mirada sobre el rendimiento o aprendizaje promedio para ocuparse de la diversidad social y cultural general. Un tercer aspecto urgente de considerar es la integralidad del desarrollo de los sujetos, siendo central el potenciar y fortalecer el avance cognitivo de los mismos, en tanto dimensión fundamental que asegura el acceso al conocimiento, así como el desarrollo de las destrezas y habilidades para su apropiación y uso, sin postergar las dimensiones valor, ética y socio-afectiva implicadas en la formación integral de los sujetos que una educación de calidad ha de promover y asegurarse de que a todos alcancen.

La evaluación de la educación bajo el principio del aprendizaje a lo largo de toda la vida
Considerando que la educación es una tarea a desarrollarse a lo largo de toda la vida, la evaluación no puede centrarse en una sola etapa, por muy importante que esta sea para la formación de las personas. De esta forma, parece necesario que los sistemas de evaluación de la calidad de la educación consideren aquellos otros sistemas educativos alternativos a los escolares formales, al mismo tiempo que aborden no solo las etapas obligatorias en la trayectoria formativa de los sujetos sino también aquellas anteriores y posteriores, pero igualmente relevantes en dicho recorrido. Es decir, es preciso desarrollar sistemas de evaluación coherentes con el principio de aprendizaje a lo largo de la vida.

La educación en la etapa preescolar muestra que los niños que acceden a ella llegan mejor preparados para enfrentar los procesos y desafíos escolares del sistema formal obligatorio que aquellos que no la tienen. En efecto, la etapa del desarrollo que va desde el nacimiento hasta los 6 ó 7 años es considerada, desde la biología y las ciencias cognitivas, como el período más significativo en la formación del individuo; por ello, no resulta casual que la asistencia a la educación preescolar sea una variable de alta significación en la explicación del éxito escolar en los primeros años de educación básica. Esta experiencia formativa formal a edad temprana permite al niño desarrollar habilidades y conceptos básicos como la ampliación y manejo de nuevo vocabulario, comunicación oral y expresiva, desarrollo del pensamiento lógico, orientación espacial y desarrollo de la motricidad, entre otros, necesarios para un mejor aprovechamiento de su trayectoria escolar.

En el caso de los niños de familias pobres y vulnerables, esta educación preescolar cobra aun mayor relevancia, ya que contrapesa las condiciones desfavorables que pueden darse en sus familias, tales como bajo capital cultural y social (poca escolaridad de los padres, pobreza de lenguaje, códigos restringidos, redes sociales insuficientes, etc.), limitaciones en el acceso y uso de recursos educativos y falta de ambientes favorables para la formación y el aprendizaje. Así, el poder acceder a una educación preescolar ha mostrado ser efectivo para contrarrestar el fracaso escolar en los primeros años de la enseñanza básica.

Del mismo modo, en esta etapa la relación con otros, aparte de la familia, favorece el desarrollo y fortalecimiento de la autoestima en sus diferentes dimensiones. Durante los primeros años de vida los niños aprenden a experimentar el sentido y significado de la confianza y la aceptación básica de su propio valor; las competencias; la capacidad de enfrentar problemas y desafíos; el sentimiento de pertenencia que implica sentirse aceptado y formar parte de grupos de personas con las cuales se relaciona; la visión y aceptación de lo que él es y la idea que se forma sobre sí mismo, sobre el sentido de la vida y el lugar que él ocupa en ella. Resulta relevante entonces poder evaluar cuáles son las características y condiciones de una buena educación preescolar, así como la accesibilidad y disponibilidad de espacios en donde esto ocurra.

Por otra parte, la alta tasa de deserción escolar en la región, que afecta principalmente a los más pobres y vulnerables, deja un alto número de niños y jóvenes sin la posibilidad de acceder al conocimiento y con pocas oportunidades de movilidad social, truncando su desarrollo personal y ciudadano. Cobra así especial relevancia la existencia de espacios y alternativas no formales para la recuperación y reinserción de los estudiantes que abandonan el sistema formal. La no existencia de estos espacios, tanto como su falta de pertinencia y relevancia, favorecen la anomia social y refuerza los circuitos de marginalidad y exclusión social.

Con ofertas alternativas adecuadas es posible que los niños y jóvenes desarrollen proyectos de identidad personal y laboral basados en la adquisición de capacidades y competencias que no alcanzaron en el sistema formal y que resultan indispensables para la incorporación y el funcionamiento en la sociedad y el mundo moderno. Desde allí entonces que se requiera contar con sistemas de evaluación que den cuenta de las condiciones y procesos que se ofrecen, tanto desde los propios sistemas como de organismos no gubernamentales, tendientes a reinsertar a los desertores como a ofrecerles una educación y capacitación alternativa.

Por último, tan relevante como concluir la educación obligatoria es contar con la posibilidad de una formación y actualización permanente para todos, no solo por su implicancia en la continuidad de estudios superiores (técnicos-universitarios) sino para asegurar un acceso seguro a la generación del conocimiento, tanto tecnológico como científico, necesario para lograr reorientar e innovar en el ámbito laboral de acuerdo con los nuevos desafíos y demandas propios del desarrollo y el cambio sociocultural. Es por ello fundamental que los sistemas de evaluación de la calidad integren las ofertas y espacios de formación permanente para dar cuenta de la pertinencia y utilidad de la formación de adultos.

De la evaluación de la mayoría a la evaluación de todos
Un segundo aspecto ineludible de abordar desde la evaluación de la calidad de la educación es la consideración y reconocimiento de la diversidad social y cultural de los estudiantes, de manera de generar instrumentos y estrategias pertinentes que permitan evaluar el desarrollo y desempeño adecuado de todos. Esto supone dar importantes pasos que hagan posible el tránsito desde sistemas nacionales de evaluación diseñados para la mayoría de los estudiantes hacia sistemas que asuman y sean capaces de dar cuenta de la diversidad y heterogeneidad de los niños y jóvenes, en tanto colectivos con identidades, lenguas, universos simbólicos, recursos y necesidades propias. Se requiere de evaluaciones que muestren y reflejen el desarrollo y aprendizaje de mujeres y hombres con diferentes capacidades, de estudiantes de distintos niveles socioeconómicos provenientes de variados contextos y zonas geográficas, pertenecientes a diversos grupos étnicos, o inmigrantes, entre otros, para poder dar mayor relevancia y pertinencia a la educación que estos grupos y colectivos necesitan.

Hablamos de una perspectiva evaluativa capaz de hacer emerger lo diverso y distinto de los estudiantes para, desde allí, emitir juicios válidos y pertinentes respecto de lo que ellos logran en su proceso educativo, tanto como los factores o condiciones que lo explican. Desde este enfoque, le corresponde a la evaluación responder, por ejemplo, por el tipo y relevancia de las capacidades y competencias que la escuela logra desarrollar en las diversas poblaciones estudiantiles; por el aporte que tiene la enseñanza a partir de la lengua materna; en la adquisición de habilidades y capacidades; en la comunicación oral y escrita de la lengua dominante; por las implicancias de la educación en el desarrollo socio-afectivo o la convivencia democrática de sus comunidades y estudiantes.

En otras palabras, la evaluación ha de contribuir a la mejora los niveles de inclusividad de la educación, facilitando la construcción de estrategias para que todos puedan desarrollarse plenamente a partir de sus capacidades, saberes previos, intereses y necesidades. La justicia educativa y su calidad también se deberán medir por la capacidad de los sistemas escolares de incorporar y potenciar a todos los niños y jóvenes.

La evaluación del desarrollo integral de los estudiantes
Desde el consenso social que entrega a la educación la misión y finalidad de lograr el pleno desarrollo del ser humano en tanto sujeto y ciudadano, se espera que ella fortalezca y potencie no solo las capacidades y habilidades cognitivas, sino que también se haga cargo de la dimensión socio-afectiva, ciudadana y moral de los estudiantes, promoviendo la dignidad humana a través del respeto de los derechos y libertades fundamentales, en un clima democrático potenciador de valores y principios de paz y de justicia social.

Sin duda, es relevante dar cuenta de los logros de los estudiantes en términos de la posibilidad de expresar y comunicarse, acceder y usar la información, desarrollar el pensamiento lógico, explorar y explicar fenómenos, entre otras facultades que se potencian con la enseñanza de la lengua y la matemática. Pero es igualmente relevante analizar y emitir juicios fundados respecto del aporte de la educación al desarrollo de actitudes, disposiciones y comportamientos relacionados con el conocimiento de sí mismo, las emociones propias y las de los demás, las normas y principios que orientan una buena comunicación y crean relaciones de convivencia armónicas y propositivas. En esta mirada integral han de estar presentes, con igual fuerza, los principios y criterios ofrecidos y adquiridos para la toma de decisiones que tienen que ver con respuestas éticas que hacen posible el respeto y valoración por el otro y la diversidad, así como la capacidad de proyectar y promover una sociedad justa e inclusiva.

Dos aspectos a considerar en este desafío para la evaluación: la necesaria consideración de todas las dimensiones implicadas en el desarrollo integral de los sujetos y su abordaje en tanto dimensiones completamente interrelacionadas, que se nutren y se construyen en un permanente diálogo. La evaluación tiene gran poder en orientar y presionar a los sistemas, escuelas y actores en función de aquello que será evaluado. Efectivamente, uno de los efectos perversos de la evaluación es que parece que solo es importante aquello que se evalúa, de tal forma que muchos docentes están centrando la formación en la enseñanza de la matemática o la lengua, olvidando que el desarrollo socio-afectivo y ético es tan importante como el cognitivo, y de hecho lo favorece.

Por su parte, aun cuando la escuela no señala ni organiza la enseñanza y el aprendizaje de estas dimensiones, como sí lo hace con los saberes formales, siempre incide y las afecta significativamente, siendo muy poco lo que se sabe al respecto. De esta manera, las consecuencias que la educación y la escuela tienen en estas dimensiones quedan sumergidas o ignoradas y, por consiguiente, no se conoce qué es lo que ella debe mejorar para realmente desarrollar integralmente a los sujetos.



Extraído de
Retos en la evaluación de la calidad de la educación en América Latina
Autores
F. Javier Murillo
Profesor Titular en Métodos de Investigación y Evaluación en Educación, Universidad Autónoma de Madrid, España.
Marcela Román
Investigadora principal del Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación (cide), Universidad Alberto Hurtado, Chile.

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