lunes, 8 de octubre de 2012

Evaluación para la Justicia Social

Desde este blog opinamos que la mirada de las Evaluaciones de Calidad Educativa, apuntan solo hacia el rendimiento escolar, hacia las capacidades de los alumnos, y puede hacerse alguna referencia sobre la equidad del sistema ¿Algunas evaluaciones podrían llegar a medir la “Justicia Social”? ¿Qué interrogantes podríamos formularnos al respecto?

  

Sintetizando las principales ideas o propuestas para definir mejor una evaluación que aporte en dotar a nuestros sistemas y escuelas de una educación justa y para la Justicia Social. La propia naturaleza del fin buscado: la Justicia Social, así como la dinámica y características del bien a distribuir para colaborar en alcanzarla, la educación, nos llevan a cerrar estos breves intercambios con más preguntas que respuestas, con más dudas que certezas. Las que queremos reflejar en las principales tensiones, políticas y sociales, que acompañan tanto a una educación como a la evaluación que se comprometen con la Justicia Social, así como los principales desafíos que la evaluación para una educación pro Justicia Social pone a los distintos actores, espacios y niveles educativos.



Si ya era complejo ponernos de acuerdo en qué define y caracteriza la calidad educativa y, por tanto, qué y cómo se debe evaluar para dar cuenta de sus avances y retos pendientes, exigirle, además, que se asuma desde la justicia, y aporte y colabore para alcanzarla en nuestras sociedades, nos pone desafíos aún mayores. En efecto, la propia relatividad social y cultural de aquello que es justo o injusto tensiona el debate respecto de qué principios, valores o formación ciudadana se ha de dar a los jóvenes, niños y niñas en las distintas comunidades, regiones y países. La conceptualización de la justicia está impregnada de ideologías y paradigmas políticos respecto del tipo de sociedad que se promueve y busca, así como el rol y derechos de hombres y mujeres en unas y otras. Sin embargo, las mayores diferencias están en los caminos o modos mediante los cuales se promueve y busca la justicia o la reducción de las injusticias.



Aun adhiriendo al principio de justicia, las mayores diferencias se observan en lo que cada grupo social, gobiernos, partidos políticos, y otros, están dispuestos a transar de sus propios intereses, para avanzar hacia un bien común colectivo. Se trata de posturas muchas veces irreconciliables y serán un hueso duro de roer a la hora de concretizar en los sistemas, escuelas, currículo y prácticas formativas, los principios democráticos, de libertad, autonomía y deliberación, que deben sostener una educación para la Justicia Social.



No será sencillo que las familias, desde sus particulares visiones del mundo, distinciones y posiciones sociales y matrices culturales, compartan con los poderes públicos la formación ética y en valores de sus hijos e hijas. Cada vez se escuchan más voces que demandan por una libertad de enseñanza estableciéndose tipos de escuelas y enseñanzas y, en cuyo paisaje, la educación pública empieza a verse exclusivamente como la educación de los más pobres y excluidos. Recuperar así los principios de integración y cohesión social, propios de la educación, no será tarea fácil. En muchas partes, la tendencia de los sistemas es hacia una homogenización de los estudiantes en tipos de escuelas, siendo la mezcla y heterogeneidad social algo cada vez menos presente y valorado.



En este complejo escenario, tensionado y presionado desde los intereses políticos y económicos de los distintos actores sociales, se demanda por una educación que forme ciudadanos libres, autónomos, democráticos, tolerantes, a quienes aporte las herramientas cognitivas y actitudinales necesarias para acceder en igualdad de condiciones a las oportunidades educativas y laborales disponibles en ellas. Más que nunca, acercarnos a esa educación requiere aunar voluntades para alcanzar consensos sociales que traspasen los límites de los sistemas y las escuelas, los gobiernos y la sociedad civil, las familias y administradores. La evaluación forma parte de este mismo paisaje y está igualmente sometida a las presiones de los grupos de interés. Así, el desafío de mirar una evaluación para una educación en y desde la Justicia Social, no sólo asume lo propio de la evaluación, sino que el riesgo de, finalmente, estar dando cuenta de sólo una parte de la educación: aquella donde ha sido posible encontrar puntos de acuerdo.



Con estos resguardos y desde el recorrido del texto, es posible proponer algunos ámbitos y responsabilidades que la evaluación para una educación desde y para la Justicia Social, se levantan para los distintos actores, sistemas y comunidades escolares, espacios y niveles educativos, independiente del lugar o contexto en que se estén educando y formando ciudadanos.



Desde nuestra mirada, los sistemas de medición y evaluación de la calidad educativa deben dar un decidido paso que les permita ya no sólo para dar cuenta de dicha calidad, si no que para enmarcarla en la necesidad de que ella aporte a la Justicia Social. En tal desafío, cobrará relevancia asumir en los análisis y, en igualdad de prioridad, los tres principios orientadores de una educación justa y para una Justicia Social:

i)                alta calidad y justa distribución;

ii)              reconocimiento e identidad de grupos y colectivos socioculturales y,

iii)            activa y plena participación de los estudiantes.



Nuestra propuesta se encamina hacia sistemas de evaluación que aporten con evidencias, que permitan apreciar cuánto está aportando la educación a la apropiación de aprendizajes significativos y relevantes, desde la integralidad del ser humano; así como al fortalecimiento del respeto y ejercicio de los derechos humanos, la tolerancia y reconocimiento del otro, la convivencia sana y democrática, tanto como los niveles y tipos de participación que las escuelas abren y aseguran para familias y estudiantes. Y, además, que contribuya a que la escuela se convierta en un verdadero agente de transformación social.



En este texto hemos avanzado en reflexionar, desde los desafíos y evidencia de una educación para la Justicia Social, en qué características ha de tener una evaluación que la acompañe y colabore en su promoción y éxito. Pendientes quedan dos dimensiones centrales de esta mirada analítica. En primer lugar, la discusión que profundice en lo propiamente metodológico de ella, para debatir respecto de cuáles han de ser los enfoques e instrumentos que mejor den cuenta del objeto de tal evaluación y de la utilidad de sus hallazgos. Un segundo aspecto por discutir alude al uso de sus hallazgos y resultados.



Porque seamos sinceros, la evaluación por muy rigurosa y pertinente que sea, encuentra o pierde su total sentido en función del uso que de ella se haga. El campo educativo presenta muchos ejemplos que dan cuentan de un uso más punitivo y sancionador de la evaluación que para mejorar lo que se evalúa. Abundan los rankings de escuelas, docentes y estudiantes en función de logros y desempeños surgidos de prácticas evaluativas, de índices y estándares. Así, por mucho que podamos avanzar en definir mejor la calidad y características de la educación que habrá de ser evaluada para reducir las inequidades e injusticias sociales, no servirá de nada si lo que de ella surge se convierte una vez más, en una simple foto o diagnóstico de la realidad que mide y compara, o en la búsqueda desesperada de a quiénes responsabilizar cuando los resultados no están a la altura de lo esperado.



No podemos construir una educación justa y para la Justicia Social si no contamos con una evaluación igualmente justa: inclusiva, equitativa, participativa, democrática, no represiva, que busque la reflexión y la mejora. Sólo así estaremos contribuyendo a construir una sociedad más justa, cohesionada, democrática e inclusiva.







Extraído de
Evaluación Educativa para la Justicia Social
Autores
F. Javier Murillo, Marcela Román y Reyes Hernández Castilla
En
Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa 2011 - Volumen 4, Número 1




lunes, 1 de octubre de 2012

Uso de los resultados para proveer oportunidades de desarrollo profesional para profesores/as y supervisores/as


Muchas veces podemos apreciar un uso inapropiado de las evaluaciones estandarizadas, relacionado con los “rankings” elaborados a partir de los resultados, pero también tiene otra utilidad, a los docentes nos puede servir para conocer más como piensan los alumnos, tal como se explica en los siguientes párrafos.




Según muchos especialistas educativos, el uso de los resultados de las pruebas para la formación y capacitación docente es tan importante como su uso para el planeamiento escolar. No es de sorprender, entonces, que una de las primeras y más sencillas formas de utilización de los resultados de las pruebas en América Latina, haya sido a la publicación y distribución más o menos extensa de folletos de "análisis de ítems".


Con frecuencia, la publicación de los resultados generales de las pruebas ha estado acompañada por la publicación de ítems seleccionados de las pruebas para cada una de las áreas curriculares, y que usualmente reflejan distintos niveles de dificultad. Tales publicaciones suelen presentar el ítem completo con las múltiples opciones de respuesta, seguidas normalmente por una descripción de las habilidades curriculares específicas que estaban siendo evaluadas con esa pregunta y una explicación del por qué se les consideraba lo suficientemente importantes como para ser evaluadas en la prueba. Las publicaciones suelen analizar también las razones probables por las que los estudiantes podrían elegir la respuesta correcta o alguna de las respuestas incorrectas y, a veces, se ofrecen algunas sugerencias – tanto conceptuales como didácticas - sobre cómo los profesores podrían ayudar a los estudiantes a desarrollar la habilidad prevista. Por lo general se incluyó también información sobre la distribución porcentual de respuestas entre varias opciones, de modo de ayudar a los/as profesores/as a reflexionar sobre el desempeño real o posible de sus propios estudiantes y a pensar en cómo desarrollar mejor sus planes para asegurar mejores resultados23.


En países donde las pruebas sólo se aplicaron a muestras de estudiantes de algunos grados, estas publicaciones con frecuencia sirvieron como una primera oportunidad para que los profesores y supervisores se informaran sobre los propósitos y métodos de las evaluaciones nacionales24. Es por esto que tales informes "pedagógicos" generalmente incluyen algunas páginas introduciendo a los educadores al significado y uso potencial de las evaluaciones para su propio desarrollo profesional y al análisis de su posible desempeño en este tipo de pruebas. Asimismo, y dado que los informes generales rara vez logran llegar hasta las escuelas, las publicaciones incluyen también un resumen de los resultados nacionales o sub-nacionales. En la mayoría de países se esperaba que no sólo todas las escuelas recibieran copias de estos materiales, sino que éstas y los distritos escolares tomarían la iniciativa para analizarlos. Sin embargo, en muchos casos la distribución del material estuvo seriamente limitada por falta de presupuesto y, en la mayoría de países, no se ha hecho ningún esfuerzo para supervisar de qué modo se está utilizando estas publicaciones en la práctica, quiénes las están usando, ni mucho menos con qué resultados.


En América Latina, una vez que las evaluaciones comenzaron a estar – parcial o totalmente – guiadas por marcos referidos a criterios, los informes dirigidos a los docentes se han centrado en descripciones de los distintos niveles de desempeño en cada una de las áreas o criterios de aprendizaje, cada una con ejemplos de uno o varios ítems o tareas que los estudiantes que alcanzan ese nivel de desempeño podrían responder o realizar correctamente.


Los primeros ejemplos se pueden encontrar en un informe argentino de 1999, así como en los informes de 1997 del SAEB brasilero. Tal como en el caso del análisis de ítems individuales descrito anteriormente, se presentó la distribución porcentual de estudiantes entre los varios niveles de desempeño y se hicieron algunos comentarios generales sobre qué habilidades generales o particulares parecen plantear las mayores dificultades para los estudiantes. También se discutió las implicancias de dichas limitaciones para el aprendizaje futuro y se hizo algunas sugerencias sobre cómo los docentes pueden promover mejoras.


En Chile, se entrega los resultados de las pruebas a cada una de las escuelas junto con una guía para ayudarlas a analizarlos. Esto busca promover una reflexión institucional sobre los resultados, sus posibles determinantes y sobre las prácticas usuales de evaluación y enseñanza en las escuelas. Varios estudios han mostrado que los/as directores/as y profesores/as valoran mucho los informes de evaluación como herramienta para el mejoramiento y especialmente para mantenerse enfocados en la calidad. Sin embargo, también hay evidencia señalando que una gran cantidad de profesores/as - cerca del 40%, según un informe oficial - consideran que la información del SIMCE no es útil para orientar las prácticas de aula. Además, parece que son las mejores escuelas las que reportan un mayor uso, mientras que aquellas que más mejoras necesitan son incapaces o no están dispuestas a utilizar los resultados de las pruebas para este fin. Actualmente, se está impulsando a las escuelas a organizar eventos especiales con el personal con el objetivo específico de discutir los informes.


En Uruguay, cuando salieron los primeros resultados de las pruebas del UMRE, se pudo observar diferencias importantes entre las pruebas nacionales y las calificaciones regulares de las escuelas. Mientras que el 96% de los estudiantes de sexto grado estaba siendo promovido, supuestamente por haber aprendido en forma adecuada lo que se esperaba que aprendan, los resultados del UMRE mostraron que solamente alrededor de dos tercios de los estudiantes estaban logrando aprendizajes "suficientes". Estas diferencias resultaron particularmente provocativas, dando lugar a muchas reflexiones, y fueron analizadas por directores y profesores en talleres especialmente convocados por la administración educativa.


Por otra parte, los instrumentos de evaluación fueron puestos a disposición de todas las escuelas poco después de la aplicación muestral controlada de la prueba junto con una invitación, al parecer extensamente aceptada, para que aplicaran la prueba a sus propios estudiantes y compararan los resultados con aquéllos de sus pares en escuelas similares - ya sea dentro de sus propios distritos o con las escuelas de todos los distritos, así como con los promedios nacionales. Tan sólo cuatro años después de la primera evaluación nacional, un observador externo26 destacó que los profesores/as y directores/as de diversas escuelas públicas y privadas decían estar utilizando tareas e ítems similares a los de las pruebas nacionales para modelar sus propias evaluaciones de aula, y, posiblemente - dado que los ítems de las pruebas simulan buenas prácticas de enseñanza – también para modelas sus prácticas de aula.


Incluso cuando los profesores saben de la importancia de las evaluaciones formativas y sumativas, suele ser muy difícil para ellos desarrollar maneras innovadoras de supervisar y evaluar permanentemente el aprendizaje de sus alumnos. El desafío es incluso mayor cuando, como es el caso en América Latina, el aprendizaje memorístico de algunas habilidades y la acumulación de información han sido las principales características de las estrategias de enseñanza, y cuando las actuales reformas curriculares y pedagógicas pretenden generar un cambio dramático hacia un enfoque que enfatiza la importancia de "aprender a aprender" y el desarrollo de habilidades complejas. Dada la escasez de oportunidades de capacitación y de fuentes de información pedagógica disponibles para muchos profesores/as en la región, esta clase de utilización de las pruebas puede ser una poderosa herramienta de la reforma - incluso más que los propios resultados en las pruebas. Hace poco, una comisión que revisó la experiencia chilena con el SIMCE, recomendó varias maneras a través de las cuales los profesores podrían familiarizarse mejor con los instrumentos de evaluación. Entre ellas se incluye la aplicación y análisis en el aula de pruebas similares a las aplicadas por la administración central, en otros grados que aquellos que son evaluados oficialmente.


Cabe mencionar que estudios recientes realizados en Uruguay sugieren que sólo una fracción de los profesores/as - principal público objetivo del sistema de evaluación uruguayo - ha leído o usado los informes emitidos por la agencia central de evaluación, y que muchos directores/as de escuela no organizan sesiones especiales para discutir los resultados nacionales o institucionales que supuestamente deberían llegar a las escuelas durante el periodo de planificación que se da al final de cada año escolar. Tales porcentajes podrían bien considerarse un logro en comparación con lo que sucede en otros países. De otro lado, de aquellos que dicen haber leído los informes nacionales o institucionales, más del 60% dice haber introducido algunos cambios en sus planes y acciones tras esta lectura. Como se mencionó antes, los estudios sugieren que el mayor impacto se ha logrado a partir de la provisión de los instrumentos de evaluación para que las mismas escuelas los apliquen después de su aplicación en la muestra central.


Un caso tal vez más típico de otros países de América Latina es Perú, donde aún están pendientes mejores esfuerzos para comunicar los resultados a las escuelas y profesores. Algunos análisis interesantes de ítems han sido realizados y publicados tras los ciclos de evaluación de

1998 y 2001, pero probablemente han llegado sólo a un número reducido de escuelas y profesores, ya sea en forma impresa o por Internet. Se espera, sin embargo, que las nuevas evaluaciones - considerablemente mejoradas como consecuencia de los resultados en la prueba PISA - y el desarrollo de mayores y mejores esfuerzos de difusión, brindarán a los/as profesores/as señales más claras que otros instrumentos curriculares sobre el tipo de aprendizajes que sus prácticas de enseñanza y sus propias evaluaciones en aula deberían promover. La más reciente introducción de pruebas censales, con devolución de resultados a escuelas y padres de familia y con guías para su análisis dirigidas a los docentes son también canales que podrían ayudar a transmitir expectativas de aprendizaje con mayor claridad – aunque solo cubren una parte menor del currículo que lo que se puede hacer con pruebas muestrales y formas rotadas.


En Brasil, un número importante de profesores se ha capacitado en instituciones de nivel secundario y no cuenta con ninguna capacitación especializada. La prueba ENEM, diseñada principalmente para estudiantes que egresan de la secundaria, está siendo utilizada por los profesores para acceder a educación terciaria y, en algunos casos, a un fondo de becas vinculado a la prueba. Al parecer, el proceso mismo de preparación para la prueba – que es fuertemente interdisciplinaria y está "orientada a la realización de tareas del mundo real" – sirve como una oportunidad para que profesores no certificados reflexionen no sólo sobre su conocimiento de los contenidos y sobre sus competencias generales, sino también sobre sus formas de enseñar y evaluar a sus estudiantes. Los gobiernos locales de zonas aisladas donde el acceso a oportunidades de capacitación es limitado, están proporcionando cierta ayuda a los profesores que están pensando rendir la prueba, pues consideran que sus escuelas se beneficiarán de estas actividades preparatorias.


A pesar de haber realizado consultas con varias fuentes, no se ha encontrado ninguna información sistemática sobre maneras específicas en las cuales los resultados de las pruebas se estén utilizando para diseñar capacitaciones o programas de desarrollo profesional. De hecho, es muy posible que esté habiendo mucha actividad en este sentido, dado que los funcionarios ministeriales suelen contar la "capacitación de profesores" entre los usos dados a los resultados de las pruebas28. Sin embargo, hay razones para creer que el contenido de muchas de tales actividades bien puede consistir sólo en un análisis superficial de los resultados de las pruebas nacionales y en una introducción general para los profesores sobre el sistema de evaluación.


La identificación y descripción de formas más promisorias en que los resultados de las pruebas puede ser utilizada como material para la capacitación docente es aún una tarea pendiente.





Extraído de
Uso de los resultados de evaluaciones educativas a gran escala en América Latina
Patricia Arregui
Grupo de Trabajo sobre Estándares y Evaluación del PREAL





Publicaciones recomendadas
Carácter arbitrario del conocimiento escolar
Sin lugar para frágiles
Prensa poderes y democracia


martes, 18 de septiembre de 2012

Uso de los resultados para diseñar planes de mejoramiento escolar


Las evaluaciones estandarizadas no son “El momento de la verdad sobre Calidad Educativa”, pero pueden ser una fuente de consulta en todos los niveles, tal como se señala en el siguiente artículo, también en el nivel de decisión política.





Es parte de un discurso común asumir que las evaluaciones a gran escala - como tantos otros componentes de la reforma educativa - tendrán un impacto en los logros de aprendizaje solamente si sirven para generar cambios positivos la escuela y el aula. Esto, se piensa, puede lograrse a través de presiones o incentivos a los docentes y estudiantes mediante el establecimiento de altas implicancias para los resultados de las pruebas. Otros plantean que esto puede lograrse mediante una asignación apropiada de recursos, lo que ha demostrado tener un impacto sobre el rendimiento estudiantil. Tal sería el caso de los programas o intervenciones a gran escala discutidas previamente. Pero los resultados diferenciados alcanzados por varios grupos hacia los que esas intervenciones apuntan, de un lado, o la adhesión a perspectivas organizacionales o institucionales particulares sobre el cambio social, de otro, han llevado a muchos actores - incluso antes de que hubiera evidencia disponible - a sostener que las rutas más productivas a través de las cuales se puede afectar el aprendizaje estudiantil es proveyendo información para el diseño e implementación de estrategias de mejoramiento escolar.



Además, el advenimiento de procesos de descentralización en muchos países de la región ha traído consigo un aumento de normas e incentivos para el diseño de planes de mejoramiento educativo a nivel subnacional (regiones, departamentos, provincias) y local (distritos). Estos deben basarse, al menos parcialmente, en una lectura de los resultados de las evaluaciones realizadas a nivel escolar, local o nacional, dondequiera que estas se encuentren disponibles.



También caracterizan a algunos de los procesos en curso de reforma de la gestión educativa la promoción de una mayor autonomía escolar, que conllevan el establecimiento de normas e incentivos para estimular el diseño participativo y la implementación de planes de mejoramiento a nivel de la escuela. Los Proyectos de Desarrollo Institucional (Perú), los Proyectos Educativos Institucionales y los Planes de Mejoramiento (Colombia), los Proyectos de Mejoramiento Educativo (Uruguay), los Proyectos de Innovación Educativa (Paraguay) y los Proyectos de Mejoramiento Educativo (Chile), se han convertido en elementos comunes en los procesos de reforma.



Estos proyectos usualmente requieren el desarrollo de actividades no rutinarias así como la movilización de habilidades de enseñanza no tradicionales, tales como el diseño de proyectos, el trabajo en equipo y la preparación de informes. Su alcance va más allá de la "simple" mejora de los logros de aprendizaje, e involucra la definición de rasgos distintivos y metas de las escuelas con respecto a muchos otros objetivos educacionales. Sin embargo, se espera cada vez más que los planes y proyectos estén basados en una autoevaluación de los resultados de aprendizaje obtenidos por las instituciones educativas, y que se derivan de las estadísticas disponibles y de los resultados en evaluaciones a gran escala, ya sean muestrales o censales.



En Colombia, se empezó a desarrollar planes de mejoramiento escolar (Proyectos Educativos Institucionales - PEIs) a principios de los 90. Un informe de 1999 indica que para ese entonces, aproximadamente el 90% de escuelas había diseñado un plan. Sin embargo, aparentemente sólo desde la elaboración del plan sectorial de educación 2002-2006, se ha establecido orientaciones explícitas que señalan que las escuelas deben desarrollar dichos planes sobre la base de los resultados de evaluaciones disponibles (la prueba Saber para educación básica y las pruebas estatales de salida).



De acuerdo a informes no oficiales, las metas y los objetivos específicos de los PEIs - aunque han sido importantes y útiles para otros propósitos - eran demasiado difusos para servir en forma efectiva como instrumentos de movilización para mejorar los logros de aprendizaje, y han tenido que complementarse con los nuevos Planes de Mejoramiento. Éstos tienen que incluir una serie de acciones y tareas orientadas a la consecución de una clara meta de incrementar el aprendizaje de los estudiantes, así como una definición clara de las contribuciones, métodos, procedimientos, recursos y responsabilidades que necesitan ser desplegados para obtener los resultados deseados. Estos planes tendrán que ser diseñados por los directores y coordinadores de área y discutidos con el cuerpo docente, y deberán usar información basada en el desempeño en las pruebas que las Secretarías de Educación departamentales deberán proporcionar a cada escuela con los resultados de las evaluaciones censales de 5º y 9º grado. Los exámenes de salida del onceavo grado, que ahora también están basados en los marcos y estándares curriculares nacionales, también se pueden utilizar como insumo para el diagnóstico, mientras que los estándares recientemente establecidos sirven para guiar el establecimiento de metas.



Hasta el momento de realización de este estudio, el Ministerio de Educación todavía estaba diseñando guías y estrategias de capacitación para permitir que las escuelas lleven a cabo esta nueva actividad de planificación. Esto probablemente se benefició del hecho que el ICFES había desarrollado una guía para el diseño de planes que contiene una serie de cuadros y procedimientos que utilizan los resultados de las escuelas en las pruebas además de algunas otras variables. Se esperaba que la identificación de las áreas más débiles en las escuelas condujera a la formulación de estrategias específicas de mejoramiento. Las guías fomentarían la participación de todo el personal, así como también alguna participación de los estudiantes.



También en Colombia, la ciudad de Bogotá organiza talleres de capacitación que se centran en desarrollar capacidades para analizar datos de rendimiento, así como para diseñar estrategias para mejorar la planificación de aula y las prácticas de enseñanza en las áreas curriculares que más mejoras requieren. Durante las capacitaciones también se hace recomendaciones sobre cómo mejorar las escuelas, las que sirven como posibles opciones a partir de las cuales modelar los planes escolares existentes.



Con frecuencia, los planes de mejoramiento escolar son el objetivo de pequeños fondos a los que las escuelas acceden a partir de procesos competitivos. Tal fue, por ejemplo, el caso de Paraguay donde el planeamiento escolar comenzó como un programa competitivo de "innovación educativa". El objetivo principal del programa era promover la participación local o escolar para encontrar soluciones a la baja efectividad de la enseñanza, es decir, para mejorar el desempeño en áreas curriculares clave. Los maestros/as, directores/as y padres de familia recibieron orientaciones sobre cómo diseñar y presentar sus planes ante un comité regional de selección. Los premios podían llegar hasta los 4000 dólares americanos - cantidad bastante significativa en países en los cuales las escuelas rara vez cuentan con un presupuesto propio. Muchas veces la formulación de estos planes se convirtió en una actividad ritual, con escasa relación entre los datos presentados y las actividades con que se pretendía solucionar los problemas de eficiencia interna (repetición, deserciones, etc.) y de eficacia (tasas de promoción, calificaciones, resultados de evaluación externa) de las escuelas. Esto se debió en, en parte, a que las guías y manuales para las escuelas (y para los evaluadores de las propuestas) con frecuencia ponen demasiado énfasis sobre los procedimientos formales como un elemento importante de la "modernización".


Otras experiencias con planes de mejoramiento escolar también han tenido lugar en Chile desde 1992 y, más adelante, en Uruguay.
 

Los programas chilenos de mejoramiento escolar – PMEs - fueron diseñados por personal de las escuelas, quienes tuvieron que analizar la situación de las mismas e identificar, entre otras cosas, las áreas de aprendizaje más débiles entre los estudiantes y desarrollar una propuesta especificando objetivos, beneficiarios, estrategias, actividades, responsabilidades de varios actores y un plan de evaluación. La propuesta era presentada a la administración central del proyecto para su evaluación y posible selección para recibir un fondo especial de desarrollo, que desde 1999, concedió subvenciones a más de 5600 planes - a un promedio de 6000 dólares americanos por plan seleccionado. Además de esto, las escuelas obtuvieron algún equipamiento educativo. Informes recientes sugieren un costo promedio de 10.000 dólares para proyectos de

30 meses de duración. Los acuerdos actuales de financiamiento proveen alrededor de 200 subvenciones anuales. El programa se convirtió luego en un componente del "Sistema de

Calidad de la Administración de las Escuelas", un proceso de acreditación de la escuela orientado a promover mecanismos de mejoramiento sostenible entre las unidades del sistema.


Las PMEs uruguayas también se asignan sobre una base competitiva, aunque para montos promedio menores (3500 dólares) y periodos más cortos de implementación (24 meses).



Tanto en Chile como en Uruguay, las mejoras en el gobierno escolar y la participación de padres y profesores/as en la toma de decisiones, aumentaron la colaboración de los profesores/as en el desarrollo de actividades curriculares y planes de estudio relevantes a la escuela. Se ha reportado también que estas mejoras han servido para establecer un mejor clima escolar, así como un incremento en la demanda por capacitaciones en servicio más específicas. Según lo medido por las pruebas, hay también cierta evidencia19 de que la puesta en práctica de esos planes de mejoramiento ha conducido a mejoras en los resultados.



En el caso chileno, un estudio de 1998 encontró un modesto pero promisorio efecto en los resultados SIMCE de escuelas que habían desarrollado planes de mejoramiento20. Otros indicadores de logro, tales como las tasas de repetición, también sugieren un efecto positivo de los PMEs. Otras evaluaciones, sin embargo, han identificado varias consecuencias involuntarias e indeseables del diseño del programa, y sugieren que su naturaleza competitiva ha conducido a serias desviaciones e incluso a prácticas poco éticas de parte de algunos proveedores de servicios educativos.



Un estudio realizado por la administración educativa uruguaya, donde se compararon los resultados obtenidos por escuelas que atienden a estudiantes con características socioeconómicas similares, también mostró un modesto pero positivo efecto de las PMEs en los resultados académicos.



Dado que la confianza exclusiva en los esquemas competitivos para seleccionar los "mejores" proyectos a financiar no garantiza una implementación satisfactoria, y como las capacidades para el diseño e implementación de buenos proyectos no son sólo escasas, sino que están distribuidas de manera muy desigual, la asistencia técnica resulta muy necesaria – aunque puede ser difícil de proporcionar, particularmente en países con geografías complejas y muchas escuelas.



Extraído de
Uso de los resultados de evaluaciones educativas a gran escala en América Latina
Patricia Arregui
Grupo de Trabajo sobre Estándares y Evaluación del PREAL

domingo, 9 de septiembre de 2012

Revisar expectativas curriculares o establecer estándares de aprendizaje

¿Qué deben aprender los alumnos? ¿Cuáles expectativas resultan razonables? Para contestar estas preguntas, debemos recurrir a diversas fuentes, pero ¿Qué mejor que las evaluaciones estandarizadas? Ellas permiten realizar planteamientos adecuados a la realidad.


 

Hoy en día, se entiende que incrementar y aclarar las expectativas de aprendizaje constituye un elemento crucial para el mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje.
 

La mayoría de especialistas educativos, incluyendo algunos de los que estuvieron cercanamente involucrados en las reformas curriculares que los países de América Latina emprendieron a finales de los 80 y comienzos de los 90, estaría de acuerdo en que los objetivos curriculares no son los suficientemente claros, a menudo son contradictorios y por lo general están lejos de fomentar niveles de competencia que puedan asegurar un desarrollo adecuado de la ciudadanía y de la productividad que requiere el actual mundo globalizado.


Por otra parte, los resultados de las evaluaciones sugieren que incluso los objetivos existentes, que son difusos y no demasiado exigentes, no se están alcanzando. Esto es así en parte porque han sido mal definidos y no pueden ser utilizados para articular o alinear en forma efectiva la producción de libros de texto, los planes de estudio y la capacitación docente. Las unidades de evaluación demandan que los equipos de desarrollo curricular revisen y aclaren las expectativas de aprendizaje, pero con frecuencia se abocan ellas mismas a esta tarea, manteniendo distintos niveles de consulta con los equipos curriculares. En este proceso, los equipos toman en consideración tanto los resultados de aprendizaje deseables y el rendimiento "real" tal y como es medido por las evaluaciones nacionales previas.
 

Cuando la mayoría de sistemas de evaluación nacional en América Latina empezó a desarrollar pruebas referidas a criterios, y no ya a normas, experimentaron grandes dificultades para definir los tipos de tareas académicas que se debería esperar que los estudiantes puedan realizar si es que han logrado dominar un área particular de los contenidos curriculares. También confrontaron – y muchos siguen confrontando – grandes desafíos para definir los varios niveles de desempeño posibles (generalmente básico, aceptable o suficiente y competente) en cada uno de los criterios seleccionados. Allí donde se ató alguna consecuencia a los resultados de esas evaluaciones, o donde se ha realizado esfuerzos importantes por devolver resultados a las escuelas, los contenidos de las pruebas han empezado a cumplir la función de ¨aclaradoras¨ del currículo – si bien no todos los curriculistas aprobarían el que ello sea así. La amplitud de las consultas a docentes, expertos y productores de textos que pueda realizar la agencia evaluadora también ha contribuido en algunos casos a generar un proceso de redefinición de metas curriculares nacionales.
 

Sin embargo, la influencia de los resultados de las pruebas nacionales en la redefinición de las expectativas de aprendizaje y de las metas curriculares ha sido relativamente menor si se la compara con el impacto que viene teniendo en ese sentido la participación en pruebas internacionales.
 

Los resultados de los pocos países que han participado en TIMSS, PISA y algunas otras evaluaciones internacionales no siempre fueron congruentes con la distribución de estudiantes entre los distintos niveles de rendimiento fijados en sus propias pruebas nacionales (por ejemplo, aprobado/reprobado; aceptable/no aceptable; o niveles competente, satisfactorio o básico) o con los índices aprobatorios nacionales6. Esto impulsó a que varios países echaran una nueva mirada a sus currículos, libros de texto, prácticas pedagógicas y políticas de capacitación de profesores en busca de posibles explicaciones y a profundizar sus esfuerzos de priorizar y aclarar metas de aprendizaje mediante el establecimiento de estándares académicos.


Los primeros esfuerzos fueron los desplegados por los países centroamericanos en 1999, bajo la conducción de la Secretaría General del organismo de Coordinación Educacional y Cultural de la región (SGCECC). Equipos de profesionales de los ministerios de educación de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador se abocaron a construir indicadores de contenido y desempeño sobre la base de sus currículos de educación primaria -, cuando éstos existían y/o habían sido recientemente revisados. En unos pocos casos, donde no había un currículo establecido, estos indicadores se construyeron sobre la base de otras pautas curriculares, tales como el contenido de los libros de texto.


Pocos de estos países habían desarrollado antes algún tipo de prueba a escala nacional, aunque sí, en algunos casos, tenido alguna experiencia con pruebas estandarizadas aplicadas en algunos proyectos de cooperación internacional y participado en el desarrollo de la primera evaluación regional de la UNESCO, cuyos resultados pueden haber sido un referente implícito para el desarrollo de dichos estándares. Se esperaba que tan pronto como los estándares fueran "aprobados" y puestos en ejecución formalmente, la capacitación de profesores, la elaboración de libros de textos y las pruebas estandarizadas tendrían que ser alineadas con éstos. Pocas, si alguna, de estas metas se materializaron, en parte porque el proceso de diseño de estándares ocurrió como parte de esfuerzos "locales", poco publicitados y realizados con pocos recursos.



Desde entonces, Honduras y Guatemala han avanzado sendas propuestas de estándares para todos los grados de la educación básica, para lo cual sí han tomado en consideración los resultados logrados en evaluaciones nacionales anteriores y con los cuales empiezan ya a alinear un conjunto de instrumentos de evaluación de aprendizajes. En Nicaragua, el conjunto de estándares de la SGCECC (que había comenzado a ser desarrollado incluso antes de que el proyecto regional empezara) fue utilizado para revisar el currículo y sirvió de insumo para la construcción de su primera evaluación nacional, aplicada en el 2003.



Colombia desarrolló y estableció estándares en el 2003, tomando como uno de sus referentes la evidencia disponible sobre las capacidades actuales de los estudiantes según lo evaluado por el ICFES, institución colombiana que ha sido directa o indirectamente responsable de la construcción y análisis de la mayoría de las evaluaciones nacionales llevadas a cabo en el curso de varios años. Los estándares se centran en competencias para resolver problemas de tipo real en lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y sociales, y, más recientemente, en ciudadanía. Se espera que sirvan, en primer lugar, como guías para el desarrollo de programas de mejoramiento escolar, y que se conviertan en el conjunto básico de expectativas de aprendizaje que el ICFES utilizará en el corto plazo. También es significativo el esfuerzo para incluir elementos éticos y valores que deben acompañar el desarrollo de cada una de las habilidades académicas incluidas bajo cada estándar. Esto es una respuesta a una muy fuerte demanda social para que la escuela continúe teniendo un papel primario en forjar "personas completas", y que no sólo funja como centro de instrucción académica. Esta demanda contrasta con la naturaleza estrictamente académica de la mayoría de estándares en los Estados Unidos y constituirá un gran desafío para el ICFES cuando se precise evaluar el logro de tales elementos.



En Chile, el análisis del SIMCE y de los resultados de las pruebas internacionales ha mostrado poco incremento significativo en los puntajes promedio, a pesar de los grandes aumentos en el gasto público en educación, de las reformas curriculares, y de la inversión en varios proyectos a gran escala. Se introdujo sucesivamente varios nuevos instrumentos y aclaraciones curriculares, antes de optar por la construcción de estándares de contenido y desempeño, conocidos ya como Mapas de Progreso y Niveles de Logro, respectivamente. Los Mapas y Niveles se nutrieron, entre otros elementos, de los resultados obtenidos por los alumnos chilenos en sus pruebas nacionales e internacionales. Se convertirán gradualmente en referentes básicos para la elaboración de los instrumentos y se usan ya en el reporte de resultados del SIMCE. Se pretende que sirvan también para guiar la reflexión, la planificación y la práctica pedagógica de los docentes, en subáreas específicas de matemáticas, lenguaje, ciencias sociales, ciencias naturales e inglés como segunda lengua. También se está elaborando estándares para educación física, educación preescolar, educación técnica y arte.



El gobierno federal argentino aprobó en el 2004 los denominados Núcleos de Aprendizajes Prioritarios. Se trata de un intento por establecer prioridades y aclarar expectativas de aprendizaje de modo de contrarrestar, con un mandato nacional, las brechas de rendimiento que, al parecer, han crecido desde la descentralización. En general, los bajos niveles de desempeño de los estudiantes y las diferencias en los puntajes promedio de las provincias, sirvieron como argumento en las negociaciones entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales y autoridades sectoriales, que condujeron a un acuerdo preliminar sobre los contenidos del NAP.



Extraído de
Uso de los resultados de evaluaciones educativas a gran escala en América Latina
Patricia Arregui
Grupo de Trabajo sobre Estándares y Evaluación del PREAL





Publicaciones recomendadas
Calidad de la Educación: Un debate ineludible
Educación problematizadora
¿Es lo mismo “buena información” que “sobreinformación”?


viernes, 31 de agosto de 2012

Mejorar el diseño de las políticas educativas y la asignación de recursos

Las decisiones sobre políticas educativas se toman de acuerdo a diversas fuentes, tal vez la mayor cantidad toma como referencia valores ideológicos, pero también puede recurrir a los resultados de las evaluaciones estandarizadas, que muestran aspectos importantes de la realidad escolar.



Aun así, gracias a las evaluaciones nacionales e internacionales, se cuenta con evidencia nueva y más sólida sobre el bajo rendimiento de los estudiantes, así como sobre las grandes diferencias en los resultados de varios grupos poblacionales y tipos de escuelas, se ha hecho posible el establecimiento y la generación de consensos sobre nuevas prioridades generales de política.


Por ejemplo, la necesidad de que los ministerios de educación, los administradores y las escuelas se centren en el aprendizaje de los estudiantes, es ahora un mandato público generalizado en la región. Y, si bien la "focalización" y la discriminación positiva o acción afirmativa están hasta ahora lejos de ser el eje principal de las políticas públicas, hay una innegable y creciente conciencia de la necesidad de realizar una distribución más equitativa de las oportunidades de aprendizaje.
 

En algunos países muchas políticas y planes inspirados, según propias aseveraciones, por los resultados de las evaluaciones no han logrado trascender el papel donde han sido formulados. En otros, en cambio, sí se se ha pasado a la acción con, por ejemplo, reformas curriculares y desarrollo de estándares, producción y distribución masiva de libros de texto y cuadernos de trabajo (que los primeros análisis sugirieron gravitaban fuertemente en el aprendizaje), el fomento de la inclusión de estudiantes pobres en escuelas particulares subvencionadas (por aparentes mejores resultados y el efecto que tienen los pares en los logros estudiantiles), programas de capacitación o desarrollo profesional docente focalizados en el fortalecimiento de capacidades de comprensión lectora y de razonamiento matemático entre los maestros (que algunos análisis de factores asociados a los rendimientos estudiantiles sugieren tienen fuerte impacto sobre los mismos) o, más recientemente, la propuesta de subvenciones diferenciadas que favorezcan a las escuelas y los estudiantes más pobres.
 

Varios países cuentan con políticas y programas que procuran concentrar más recursos e intervenciones diferenciadas y a gran escala en áreas geográficas y grupos poblacionales con bajo rendimiento y condiciones generales de pobreza, aunque generalmente de modo experimental o demostrativo, más que como política generalizada. Esto incluye desde grandes programas de apoyo integral a zonas y escuelas más vulnerables y de bajos resultados hasta, en algunos casos, una distribución no siempre del todo racional de nuevos insumos “empezando” por los más pobres – como podría ser el caso de reciente distribución de computadoras portátiles en el Perú. Sobre estos programas se describen aspectos adicionales en el siguiente acápite.


Puede argumentarse que esta tendencia al ¨alineamiento¨ entre resultados y políticas se ha dado de manera más clara en países donde los resultados de las primeras evaluaciones nacionales han reforzado la validez de algunas decisiones que ya habían sido tomadas, ya sea por recomendación de las agencias internacionales de financiamiento o a partir de un genuino proceso interno de deliberación. En cualquier caso, los resultados de las pruebas proporcionaron fuertes argumentos para validar socialmente esas propuestas de política.


 

Extraído de
Uso de los resultados de evaluaciones educativas a gran escala en América Latina
Patricia Arregui
Grupo de Trabajo sobre Estándares y Evaluación del PREAL



Publicaciones recomendadas
Calidad de la Educación: Un debate ineludible
Educación problematizadora
¿Es lo mismo “buena información” que “sobreinformación”?


miércoles, 22 de agosto de 2012

Realizar investigación y evaluar el impacto de programas

Las evaluaciones estandarizadas no se limitan a medir los aprendizajes de los alumnos y su capacidad de usarlos en otros contextos, sino también se ocupa de numerosos aspectos vinculados con el ambiente escolar. Todo esto hace que se convierta en una fuente importante, al momento de investigar la realidad educativa, tal como se explica en el siguiente artículo.




Si consideramos que el aprendizaje - académico o de otra índole - es la misión central de la educación, es posible afirmar que la "variable dependiente" más importante para la investigación educativa orientada a la formulación de políticas no estaba disponible en gran parte de Latinoamérica antes de que los sistemas de evaluación comenzaran a generar resultados. Y dado que la investigación debería ser un insumo importante para la toma de decisiones, la región mostraba un serio retraso.


Antes de los 90, cuando se quería estimar los efectos sobre el aprendizaje de, por ejemplo, la relación estudiante/profesor, las calificaciones formales de profesores/as, la disponibilidad de libros de texto y otros materiales de aprendizaje, así como del nivel de gasto público en educación, la información sobre el rendimiento debía extraerse de otras medidas como las tasas de matrícula, repetición o deserción escolar. Los resultados de las pruebas nacionales han proporcionado un indicador crucial para determinar los efectos de la escolaridad en el aprendizaje. Hasta 1999, en toda América Latina no se podía encontrar más de una veintena de estudios empíricos sobre posibles asociaciones entre las diferencias en rendimiento, diferencias en las características intraescolares o de aula y diferencias en factores externos tales como las características educativas y la condición socioeconómica de las familias.
 

Apenas seis años más tarde, una consulta bibliográfica rápida de 48 horas reveló la existencia de no menos de 150 estudios para 16 países, que exploran los efectos sobre el rendimiento de factores tales como (a) la condición socioeconómica de los estudiantes, el trabajo durante el año escolar, la raza y la condición nutricional, (b) el salario, calificaciones y prácticas de enseñanza en aula de los docentes, (c) características de la escuela tales como la cultura organizacional, la autonomía, la composición socio-económica de los distintos grupos, las prácticas de evaluación en aula, la cobertura del plan de estudios, las políticas sobre la realización de tareas en casa, el liderazgo de los directores, la infraestructura, la disponibilidad de libros de textos y (d) el financiamiento y/o administración pública o privada de la escuela, la presencia de programas de bonos escolares (vouchers), de programas de alimentación escolar, las prácticas de retención/repetición, el número de alumnos por aula, y la duración de la jornada escolar.
 

Algunos de estos estudios exploran un rango completo de posibles influencias sobre el desempeño y procuran medir su importancia relativa, mientras que algunos examinan el peso de y los mecanismos por los cuales una variable particular influye sobre (o cambia con) el desempeño. Otros estudian los cambios en las relaciones entre las variables predictivas y los resultados a lo largo del tiempo.


Algunos investigadores utilizan los puntajes promedio de las escuelas para seleccionar escuelas "exitosas" y escuelas con un alto índice de "fracaso", en las cuales después conducen estudios cualitativos en profundidad sobre los factores que pueden explicar las diferencias en el desempeño o recogen evidencia para determinar la validez de los puntajes de las pruebas como medidas de la calidad de las escuelas.


 Los resultados de las pruebas se están utilizando cada vez más para estimar el impacto de políticas y programas educativos y sociales en general. Así, por ejemplo, los ministerios de educación incluyen muestras mayores de algunas poblaciones escolares de manera de poder hacer algunas generalizaciones válidas sobre el impacto de intervenciones especiales, tales como escuelas bilingües indígenas (en Perú y Guatemala), programas de expansión escolar basados en la comunidad (Nueva Escuela Unitaria de Guatemala y escuelas del PRONADE), perspectivas nuevas o experimentales para planes de estudios (Escuelas de Excelencia y el SIMAC en Guatemala), y mecanismos diversos de gestión y financiamiento (escuelas privadas subvencionadas en Chile y Nicaragua). Con frecuencia se ha permitido e incluso se ha estimulado a los investigadores a usar los resultados de las pruebas nacionales y/o re- aplicaciones o adaptaciones de los instrumentos de las pruebas para evaluar programas específicos, tales como la Escuela Nueva en Colombia, Educatodos en Honduras, Desayunos Escolares, Escuelas Activas y escuelas Fe y Alegría en Perú, etc.





Extraído de
Uso de los resultados de evaluaciones educativas a gran escala en América Latina
Patricia Arregui
Grupo de Trabajo sobre Estándares y Evaluación del PREAL





Publicaciones recomendadas
Carácter arbitrario del conocimiento escolar
Sin lugar para frágiles
Prensa poderes y democracia


lunes, 13 de agosto de 2012

Elevar la conciencia ciudadana sobre los retos de la educación

Conseguir que la sociedad en su conjunto, se preocupe por su educación, es realmente entrar en el camino de la Calidad Educativa ¿Cómo lograrlo? No existe una única receta, pero las evaluaciones estandarizadas pueden hacer su aporte, que debe trascender de los publicitados “rankings de países”




Si bien en América Latina las evaluaciones del rendimiento educativo se iniciaron generalmente a partir de la necesidad de informar a los tomadores de decisiones y teniendo a ello como su principal propósito, el contexto de resurgimiento democrático de la época y la idea de “rendición de cuentas” que empezaba a instalarse en el discurso político también hacía necesario satisfacer los derechos de los ciudadanos y de algunas audiencias clave de conocer la situación y las tendencias de los resultados educativos. Informar a la opinión pública ha sido quizás por ello el uso más común y efectivo de las pruebas de logros de aprendizaje. Los resultados han provisto de evidencia “dura" sobre los logros insuficientes y desiguales, han estimulado una preocupación pública sobre el problema, y reorientado el foco de la demanda social hacia una distribución más equitativa de oportunidades de aprendizaje.


Aun así, en la mayoría de casos, la prensa recogió sólo los resultados más llamativos sobre el bajo nivel de logro general, y en el caso de las pruebas internacionales, sobre los bajos puntajes obtenidos por los participantes latinoamericanos. A menudo se puso más énfasis en las grandes diferencias entre las escuelas privadas y las públicas, y mucho menos en aquéllas entre las poblaciones urbana y rural o entre niñas y niños. Rara vez se mencionaron las diferentes características socioeconómicas y culturales de las poblaciones atendidas por escuelas privadas y públicas, pues los informes oficiales no incluían esa información. Por otro lado, al menos al inicio, los funcionarios públicos rara vez estaban disponibles para analizar los resultados y promover un diálogo capaz de orientar a la opinión pública a partir de las evaluaciones.


Curiosa, aunque no sorprendentemente, entre las audiencias, son quizás los padres de familia el grupo menos atendido en términos de la provisión de información útil para monitorear el desempeño de las escuelas a las que asisten sus hijos/as o del sistema educacional en su conjunto y para convertirlos en agentes de cambio mejor informados. Aún hoy en día, en muchos de nuestros países los reportes preparados por las agencias de evaluación están más allá de las posibilidades de comprensión de la mayoría de los padres, particularmente si se considera el bajo nivel educativo promedio hasta ahora alcanzado por los adultos latinoamericanos. El manejo de la información por parte de la prensa probablemente no ha ayudado a que la información publicada se interprete de forma precisa, y las capacidades de mejorar la gestión pedagógica e institucional en las escuelas o áreas escolares


Conclusiones
Una primera conclusión de esta rápida revisión es que los resultados de las evaluaciones de logros de aprendizaje escolar parecen estar siendo utilizados más de lo que usualmente se sospecha. Dada la existencia relativamente corta de los sistemas de evaluación de la región y la inestabilidad del compromiso político con su desarrollo, no sorprende que algunos países utilicen los resultados en menor medida de lo que se esperaría. Sin embargo, si se toma en cuenta la seria escasez de recursos para el mejoramiento educativo y la existencia de muchos programas valiosos que valdría la pena financiar, parecería necesario redoblar los esfuerzos para dar un uso adecuado a los resultados de las evaluaciones.


Aunque la mayoría de países latinoamericanos no iniciaron el desarrollo de sus sistemas de evaluación con ideas claras sobre los usos que se podría dar a los resultados, una vez que empezaron a recoger información fueron encontrando diversas maneras de usarla. Así, por ejemplo, se la información ha sido utilizada para: el diseño e implementación de políticas; la asignación de recursos; para estimular cambios pedagógicos y promover la responsabilización entre varios actores e instituciones educativas. Ha habido además una considerable evolución en la forma de presentar los resultados a diversas audiencias, y cada vez se está dando mayor atención a la necesidad de incluir información sobre factores de contexto que deben ser tomados en cuenta al momento de interpretar los resultados. Ciertamente, también se han dado casos de usos no legítimos o válidos, especialmente para “responsabilizar” principalmente a los docentes y a sus gremios por los bajos logros de aprendizaje generalmente registrados.


Dado que en muchos lugares la prensa se ha convertido en el principal comunicador de los resultados a profesores/as, padres y tomadores de decisiones, es claro que no se ha realizado esfuerzos suficientes para educar a los medios de comunicación de modo que éstos se conviertan en aliados de los esfuerzos para movilizar al público en apoyo de la educación, en vez de actuar, conscientemente o no, como enemigos del sistema público. Esto requerirá que la mayoría de agencias de evaluación asigne una cantidad considerablemente mayor de recursos que los que se ha estado invirtiendo en esfuerzos de difusión (tiempo del personal para definir claramente los principales mensajes que deben ser transmitidos al público en general a través de la prensa; tiempo para responder a interpretaciones incorrectas o no deseables de los resultados de las pruebas; así como más dinero).


Aunque recién está empezando, el efecto de los resultados de las pruebas en la renovación curricular y el establecimiento de estándares también parece prometedor – cabe notar que muchos países pusieron en marcha sus sistemas de evaluación al mismo tiempo en que daban inicio a reformas curriculares cuya llegada a las aulas aún tenía que ser asegurada. Sin embargo, el diseño de las pruebas aún necesita mejorarse para permitir investigaciones adicionales de las implicancias pedagógicas de sus resultados. La posibilidad de utilizar los resultados para mejorar la planificación a nivel de las escuelas también está emergiendo como una línea de acción interesante, y requerirá de aplicaciones de tipo censal o de la provisión de instrumentos para la autoevaluación y el análisis colectivo de los resultados.


Otra manera en que las evaluaciones pueden contribuir a mejorar el desempeño docente y los logros de aprendizaje, es la producción de materiales para el desarrollo profesional que estén basados en análisis detallados de los resultados de las pruebas - y la generación de espacios institucionales y eventos de capacitación en los cuales éstos puedan ser apropiados y usados a cabalidad. El análisis de ítems seleccionados de las pruebas que es difundido por las agencias de evaluación, con frecuencia ha facilitado entre los profesores la reflexión sobre sus propias expectativas para el aprendizaje de sus estudiantes, así como la reconsideración por parte de los especialistas de cuán adecuados son los objetivos de aprendizaje que han definido para varios grados. El acceso directo a los instrumentos de evaluación también parece una poderosa manera de aliviar los temores y prejuicios existentes sobre la gama supuestamente limitada de habilidades que las pruebas pueden evaluar. Hoy en día, incluso los ítems de opción múltiple pueden explorar procesos de razonamiento complejos y pueden servir para identificar fuentes de error ligadas a las prácticas de aula - algo que los opositores de las pruebas suelen negar.


Sin embargo, si se quiere asegurar el éxito de las estrategias de difusión y uso de los resultados, se tendrá que prestar mayor atención a las culturas organizacionales -tanto a nivel de las escuelas como en los niveles intermedios de la administración educativa. Las directrices tradicionales de tipo vertical (top-down) con frecuencia han fallado en tener los resultados anticipados cuando los intereses burocráticos y profesionales aparecen amenazados por la nueva información disponible. Ninguno de los aportes potenciales de las evaluaciones externas se podrá materializar si no hay terreno fértil en las instituciones que permita cultivar prácticas de evaluación interna y de planificación pedagógica que se nutran de los insumos que aquellas pueden proveer.



Extraído de
Uso de los resultados de evaluaciones educativas a gran escala en América Latina
Patricia Arregui
Grupo de Trabajo sobre Estándares y Evaluación del PREAL





Publicaciones recomendadas
La calidad requiere liderazgo
El aprendizaje cooperativo
Perversiones audiovisuales


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Busca en mis sitios